El propósito de las nuevas normas resulta el establecimiento de estándares de seguridad y derechos fundamentales para evitar que la tecnología tenga fines represivos, de manipulación o discriminatorios.
Ello, según aclararon los miembros del equipo negociador del bloque comunitario, sin que resulte una hiperregulación encaminada a lastrar la competitividad de la Unión Europea (UE).
En este sentido, la idea es definir las distintas categorías de riesgo y la prohibición de determinados usos de la IA, como reclama la Eurocámara, para la vigilancia biométrica, el reconocimiento de emociones o sistemas policiales predictivos.
También, impedir su empleo, inicialmente en casos más extremos, pero con la posibilidad de que un juez autorice su uso en situaciones excepcionales.
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