El Ministerio del Trabajo ofreció esa garantía a los afectados ante el pedido de esa subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals de terminarles a esos trabajadores sus contratos «por causas justificadas de carácter económico», mediante un comunicado que causó distintas polémicas e interpretaciones en medios administrativos y de prensa.
La decisión del ente minero respecto a esos empleados tras la orden oficial a la empresa de suspender sus operaciones será aplicada de forma paralela al retiro voluntario de otros obreros de la entidad y, en ambos casos, los pagos serán iguales, incluido “el dinero que legalmente se les adeuda», precisa la declaración.
El cierre oficial de las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, comercialización y exportación de Minera Panamá siguió al fallo el 28 de noviembre de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406, que respaldaba el contrato entre el Estado y la compañía.
Los acontecimientos se precipitaron por una escalada de manifestaciones que alegaron el daño ambiental a la región por la explotación minera y violaciones a la soberanía nacional avaladas por dicha norma, que permitía a Minera Panamá extender por 20 años la explotación de la mina de cobre explotada en Colón y considerada la mayor de Centroamérica.
Medios de prensa observaron con escepticismo el tiempo que podría demorar la respuesta estatal, ante afirmaciones de la compañía respecto a que «la única diferencia» entre ambos grupos de cesanteados es que el trámite administrativo frente al Ministerio del Trabajo podría extenderse por dos meses, por lo cual el desembolso tardaría ese tiempo.
Minera Panama necesita «hacer las cosas mejor, escuchar y aprender», afirmó el director ejecutivo de la compañía, Tristan Pascall, mediante una entrevista con el periódico local El País en la que también admitió que, en total, unos siete mil empleados serían separados de sus puestos.
La situación de la empresa «cambia drásticamente», por lo que «se ve obligada a tomar decisiones difíciles en contra de sus planes de progreso y crecimiento para su fuerza laboral», alegan directivos del ente minero.
Por su parte, la ministra del trabajo, Doris Zapata, ratificó a Eco TV que el cese de operaciones de Minera Panamá es «definitivo, final y no temporal», lo cual fue notificado a los abogados y a otras instancias que dudaban aún sobre el término de tiempo que implicaría la clausura.
La titular calificó de «improcedente» que la minera pidiera el cierre parcial de los contratos, como interpretaron en un principio algunas instancias, y precisó que quienes mantienen una relación laboral con la entidad minera pueden llegar a acuerdos «en cualquier momento».
Zapata consideró que la posibilidad de suspensión planteada por la empresa causó “angustia permanente» entre los afectados, cuando, tras la decisión de la CSJ, la comunicación formal del Ministerio de Comercio e Industrias fue «finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización, y las actividades mineras en general».
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