Villena accedió a la titularidad del Ministerio Público tras declinar el más antiguo de los fiscales supremos, Pablo Sánchez, quien ejerció el cargo en años anteriores, mientras Benavides alegó inocencia, grandes méritos y desempeño impecable, al comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso.
El nuevo fiscal de la Nación interino ejercerá la función durante los seis meses de suspensión o antes, si culmina la investigación a Benavides por su presunta condición de jefa de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias.
La hipótesis se debe a gestiones de sus asesores para gestionar en el Parlamento votos a favor de decisiones convenientes para la permanencia de la fiscal en el cargo, como la inhabilitación de su antecesora en el cargo, Zoraida Ávalos, el nombramiento del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Según quien hasta el estallido del escándalo fue su asesor principal, Jaime Villanueva, con ese cabildeo también logró impulsar de un proceso a la Junta Nacional de Justicia, organismo que nombra, evalúa, investiga, sanciona y cesa a los fiscales y que dictó la semana pasada la suspensión de Benavides.
Según el testimonio de Villanueva, esos afanes incluyeron la apertura de investigaciones por el Ministerio Público a congresistas solo con el fin de usarlas para presionarlos a votar de acuerdo con la conveniencia de la fiscal y a cambio descartar las pesquisas.
El exasesor aceptó convertirse en colaborador de la Fiscalía y ha entregado a esta el teléfono móvil en el que, según fuentes del Ministerio Público, quedaron registradas las órdenes que le impartía Benavides.
Villanueva, según el diario La República, que recoge versiones del Ministerio Público, dijo al aceptar convertirse en colaborador de la justicia que “Todo lo que hice fue por orden de ella (la fiscal Benavides). Yo no me voy a ir preso por culpa de ella. Yo voy a decir la verdad”.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, insistió en que hay un complot político en su contra por la lucha inquebrantable que, según dijo, libra contra la corrupción, y también por acusar a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por muertes durante la represión a las protesta contra el ascenso de la mandataria al cargo, y a seguidores del depuesto expresidente Pedro Castillo.
La presidenta de la comisión, Janet Rivas y otros legisladores progresistas la criticaron por considerar inconsistente su alegato y legisladores de derecha extrema la defendieron con intensidad.
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