La búsqueda de apoyo se intensificó tras lograr ese sector político y sus asociados que el pleno congresal acepte debatir la moción, mañana mismo, contra los siete miembros de la JNJ, órgano que evalúa, nombra, investiga y destituye a jueces y fiscales.
El objetivo lo alcanzó por mayoría simple de 67 votos (más de la mitad), pero para la destitución sumaria de los magistrados de la JNJ requiere de dos tercios, es decir 87 de los 130 legisladores.
El congresista de derecha extrema Alejandro Muñante, uno de los promotores de la moción, aseguró que es optimista y cree que el proyecto contará con los 87 votos necesarios para defenestrar a los jueces, según la legislación vigente.
El proyecto argumenta solo el hecho de que la JNJ ha suspendido por seis meses a las fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque una investigación de la Fiscalía Anticorrución encontró indicios que llevan a la presunción de que encabezaba una organización criminal desde su importante posición.
Tal argumento da pie a que medios de prensa y analistas califiquen la moción de cese de los integrantes de la Junta como uyna venganza por la suspensión a quien la derecha extrema y sus aliados y medios de prensa fines defienden a ultranza.
“Es momento de un dar un ‘estate quieto’ (someter) a este pleno de la JNJ que creen que están en su chacra (fundo)”, dijo Muñante, al acusar de desacato a la JNJ por defenderse e impugnar la moción de descabezamiento de ese importante organismo de justicia elegido años atrás por el Parlamento.
El vicepresidente de la Junta, Aldo Vásquez, declaró que los intentos de destituir a los magistrados carecen de sustento en un procedimiento y de una causa grave predeterminados por la ley.
El magistrado advirtió que la remoción (como la llama Muñante para justificar el carácter sumario de la medida) traería consecuencias inprevisibles que afectarían sobre todo al Parlamento.
La presunta red delictiva buscaba apoyo de congresistas o los presionaba, según la Fiscalía Anticorrupción, para que voten por decisiones convenientes para la continuidad de Benavides en el cargo, como la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.
Según las pesquisas, tales afanes incluyeron la apertura de investigaciones a parlamentarios con el único fin de amedrentarlos para que voten al gusto de Benavides.
ro/mrs
