La fecha fue recordada también por medios de prensa opositores y en redes de Internet, que revelaron o recordaron evidencias de que aquel 15 de diciembre de 2022 las tropas desplegadas para proteger el aeropuerto de Ayacucho asediado por manifestantes, dispararon a matar a civiles inermes y en algunos casos ajenos a las protestas.
En Ayacucho, los familiares de los caídos, entre ellos un muchacho de 15 años, encabezaron una concurrida marcha llevando flores blancas y las fotos de los caídos, en medio de un paro general, según informes de radioemisoras lugareñas.
Al frente de la marcha, un gran cartel proclamaba: “Ni un muerto más, Dina asesina”, responsabilizando a la presidenta contra cuyo ascenso a la presidencia protestaban los manifestantes hace un año en diversas ciudades, sobre todo del sur del país, lo que dejó un saldo de 50 muertos en tres meses.
Preguntada sobre el tema por la prensa tras una actividad oficial, la mandataria insistió en afirmar que las protestas fueron violenta y agregó que el Gobierno tiene el deber y la tarea de “salvaguardar el control interno” con estados de emergencia focalizados y “estrictamente dentro del marco legal y de los derechos humanos”.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de esos derechos han denunciado violaciones de esos derechos y hasta presuntas masacres y ejecuciones judiciales en la represión de las protestas.
Bolarte añadió que desea que las investigaciones de las muertes, a cargo del Ministerio Público, sean transparentes y para ello el Gobierno asignó fondos extra a ese organismo de justicia “porque somos los primeros interesados en saber la verdad”, según dijo.
En Ayacucho, participantes en la marcha señalaron que la hoy suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, congeló la investigación al bloquear el expediente de las pesquisas.
De otro lado, el semanario Hildebrandt en sus Trece hizo públicas fotos y videos de cámaras de seguridad que muestran que las tropas no se limitaron a resguardar el aeropuerto de Ayacucho, pues salieron a perseguir y disparar a matar a civiles.
Esos militares, añade, dieron muerte al adolescente Christopher Ramos y a José Luis Aguilar, de 20 años, ambos ajenos a las manifestaciones opositoras.
La página periodística de Internet La Encerrona reveló un informe de la Inspectoría del Ejército que recoge declaraciones de oficiales que participaron en los sangrientos sucesos y que en su mayoría niegan haber cometido ilegalidades.
Sin embargo, uno de ellos, el capitán Víctor Grados Rivas, declara que “Hay responsables quienes son los verdaderos en haber salido a los exteriores del aeropuerto y haber disparado a quemarropa contra la turba de manifestantes”, agrega tras criticar a sus colegas que buscan cargar culpas a quienes no las tienen.
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