El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) reveló el diseño de un plan para el cierre “ordenado y definitivo” del yacimiento en que Cobre Panamá realizaba la extracción del mineral, cuyo contrato fue declarado inconstitucional el 28 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La entidad aclaró en un comunicado que la administración del presidente Laurentino Cortizo cumplió con sus obligaciones ante el derecho internacional y nacional, añadió el periódico La Estrella de Panamá.
El Gobierno está preparado para defender los intereses de la población y para ello “coordina la defensa del Estado en conjunto con la Oficina de Arbitrajes de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio Público”, expresa el texto.
La declaración del Mici recuerda que el 5 de diciembre envió una orden a Cobre Panamá para que finalizará las operaciones de extracción, procesamiento, transporte, exportación y comercialización en la mina de Donoso.
El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, convocó el 6 de diciembre a la primera reunión interinstitucional para evaluar los pasos para el cierre definitivo y ordenado de la mina, a la asistieron los ministerios de Ambiente, Trabajo y Desarrollo Laboral y Seguridad.
Los hechos escalaron por la ola de manifestaciones de 43 días iniciadas el 20 de octubre, que alegaron daños ambiental a la región por la explotación minera y violaciones a la soberanía nacional avaladas por la Ley 406 de 2023, que permitía a Minera Panamá extender por 20 años la explotación de la mina de cobre explotada en Colón y considerada la mayor de Centroamérica.
El Ministerio del Trabajo aseguró el 8 de diciembre que velará por los derechos de los cuatro mil empleados sobre los que Minera Panamá solicitó al Gobierno su despido.
«por causas justificadas de carácter económico».
La decisión del ente minero respecto a esos empleados tras la orden oficial a la empresa de suspender sus operaciones será aplicada de forma paralela al retiro voluntario de otros obreros de la entidad y, en ambos casos, los pagos serán iguales, incluido “el dinero que legalmente se les adeuda», precisa la declaración.
El cierre oficial de las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, comercialización y exportación de Minera Panamá siguió al fallo el 28 de noviembre de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406, que respaldaba el contrato entre el Estado y la compañía.
Medios de prensa observaron con escepticismo el tiempo que podría demorar la respuesta estatal, ante afirmaciones de la compañía respecto a que «la única diferencia» entre ambos grupos de cesanteados es que el trámite administrativo frente al Ministerio del Trabajo podría extenderse por dos meses, por lo cual el desembolso tardaría ese tiempo.
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