La frustración del afán de destituir a los siete magistrados de la JNJ resquebrajó el frente de derecha extrema que impulsó la medida, la cual, según sus críticos, es ilegal y evidencia el interés de tener a la Junta bajo control del Legislativo.
La importancia de ese objetivo se debe a que la JNJ nombra, evalúa, investiga y sanciona a jueces y fiscales, además de participar en la designación de los titulares de los organismos electorales.
Los críticos de la moción de remoción de los magistrados señalan que el control de la Junta daría a la derecha la posibilidad de usar tamañas facultades para profundizar el control del Poder Judicial y ponerse a cubierto de demandas contra decisiones parlamentarias de dudosa legalidad.
Los señalamientos atribuyen esos afanes, además, a la intención de controlar el tribunal electoral y otras instancias vinculadas a los comicios, con presuntos fines de manejarlos, sobre lo cual congresistas conservadores sostienen que los actuales titulares no son confiables por haber supuestamente ayudado a la elección de Pedro Castillo en 2021.
El inesperado aplazamiento de la decisión del pleno sobre la moción de cese de los miembros de la JNJ dio pie a lamentos de legisladores de Renovación Popular (RP), el grupo más duro del bloque de derecha extrema y promotor de la destitución.
El principal promotor de la moción, Alejandro Muñante, de RP, comentó que “hoy no hay un bloque democrático en el Congreso, hoy existe una minoría patriota y una mayoría funcional a los poderes de turno”.
Se refirió así al aislamiento en el que quedó su bancada, al no recibir el apoyo de sus acompañantes del bloque de derecha extrema, Fuerza Popular y Avanza País, a su reclamo de proceder de una vez a defenestrar a la JNJ.
La postergación desató una ola de furia y conjeturas, sobre todo de tabloides como “La Noticia”, en el que el exmilitar derechista Otto Guibovich afirmó que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, “es un cobarde” por diferir el tema hasta marzo próximo.
Otros análisis del mismo sector culpan de la frustración a César Acuña, jefe del partido Alianza Para el Progreso, al que pertenece Soto y que es considerado aliado del bloque de derecha extrema.
Según ese enfoque, Acuña habría dado instrucciones a Soto de congelar la decisión sobre la JNJ por acuerdo “bajo la mesa” con la presidenta Dina Boluarte, enfrentada a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sancionada por la Junta y defendida por la derecha y quien se fortalecería y podría revertir su situación con la destitución de los magistrados.
Destacados analistas como Juan de la Puente consideran que el entendimiento entre ese sector político y Benavides plantea una situación como la de Guatemala, donde la Fiscalía juega un rol político favorable a los sectoes conservadores.
La confrontación entre la presidenta y la fiscal suspendida para que no interfiera en una investigación por la que es considerada presunta cabeza de una organización criminal, se debe a que Benavides, para defenderse, anunció que había denunciado a la mandataria por muertes durante protestas en su contra, lo que esta calificó como una maniobra de distracción.
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