Un comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -de tono grave, pero menos severo que los que dirige a gobiernos progresistas a juicio de juristas consultados- señala que el gobierno de Perú desacató sus resoluciones, en referencia a la indicación de que no ejecute el indulto decretado en diciembre de 2017.
Por ello, la Corte dispuso una supervisión reforzada sobre la obligación del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, masacres de civiles por las que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.
El pronunciamiento indica que la medida se enfoca especialmente en el indulto decretado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, en aras de un entendimiento con el partido fujimorista, no alcanzado, que tenía mayoría parlamentaria.
El indulto fue anulado por ilegal por la Corte Suprema y validado en julio de 2022 por el Tribunal Constitucional, tras lo cual la CIDH dispuso que no se ejecute hasta el cumplimiento de diversos requisitos, como un pedido de perdón del preso a las familias de los asesinados en las referidas matanzas.
La CIDH ordenó al Gobierno peruano que presente un informe minucioso, antes del 4 de marzo próximo, sobre el cumplimiento de la sentencia por las masacres y otras violaciones de derechos humanos que califican como crímenes de lesa humanidad.
El abogado de las familias de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, Carlos Rivera, dijo que era previsible el pronunciamiento de la corte supranacional, la cual calificó como un fuerte llamado de atención al Estado peruano por su desacato.
El letrado añadió que el Gobierno tiene que decidir entre mantenerse en desacato, lo cual puede traer consecuencias internacionales, o buscar mecanismos jurídicos internos para que quede sin efecto el indulto y la orden del Tribunal Constitucional (TC) que excarceló a Fujimori.
La presidenta Dina Boluarte ratificó esta semana el respaldo del Gobierno a la decisión del TC como instancia nacional y afirmó que la CIDH no ha dictaminado sobre una apelación contra el indulto que lleva meses sin respuesta.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que la CIDH ya no puede pronunciarse sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, porque el Estado peruano cumplió sus obligaciones al ser condenado el exgobernante, por tanto el indulto es una medida administrativa.
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