Un comunicado dirigido por la Cancillería a la opinión pública nacional sostiene que el Gobierno es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos, en el ámbito regional y universal.
El texto, emitido tres días después de la resolución de la corte que señala el desacato, ratifica sin embargo “su firme adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (por la cual el Estado se somete a la jurisdicción de la CIDH).
Afirma que el 11 de diciembre pasado pidió a la corte que aplique “el mecanismo de supervisión reforzada” anunciado en la resolución de dicha instancia supranacional.
Sostiene que por ello “no ha existido desacato alguno por parte del Estado peruano, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte”.
La afirmación se relaciona con la explicación del ministro de Justicia, Eduardo Arana, de que el Estado cumplió con acatar la sentencia de 25 años contra Fujimori, con lo cual se cumplieron el proceso penal y las obligaciones del Estado peruano.
Según ese argumento, el posterior indulto decretado en diciembre de 2017, anulado por la Corte Suprema por ilegal, revivido por el Tribunal Constitucional en julio de 2022 y bloqueado por un dictamen de la CIDH, corresponde al ámbito administrativo.
El documento añade que el Estado peruano presentará el informe de cumplimiento requerido en la resolución del la CIDH del martes último, con los argumentos de su posición, dentro del plazo planteado, que fenece el 4 de marzo próximo.
El ministro Arana dijo también que, dictada la sentencia a Fujimori por dos matanzas de civiles inermes -que califican como crímenes de lesa humanidad- por las que fue condenado como autor mediato, la CIDH no tiene más que decir.
Esta semana, la presidente Dina Boluarte ratificó su acatamiento a la excarcelación de Fujimori, ordenada por el Tribunal Constitucional, por ser este la última instancia nacional.
La mandataria criticó además a la CIDH por no dictaminar sobre la apelación de familiares de las víctimas de Fujimori contra el indulto.
Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos condenaron la liberación de Fujimori del 6 de diciembre último, y argumentan que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca.
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