La decisión se anunciará el 9 de enero, según decidió la Sala Plena de la más alta instancia del Poder Judicial, cuyo dictamen puede enviar a prisión a Kenji, el menor de los hijos del exgobernante Alberto Fujimori, recientemente excarcelado.
De ser condenado, Kenji Fujimori será el tercer miembro de su familia encarcelado, pues su hermana Keiko cumplió 11 meses de prisión preventiva por una indagación por lavado de activos y la Fiscalía pide su encierro por 30 años y 10 meses.
El tribunal escuchó ayer a la defensa de Kenji, que pide la absolución del exparlamentario, en lugar de los cuatro años y seis meses que dictó un tribunal superior, y a la fiscalía, que, por el contrario, demanda elevar la condena a seis años y seis meses.
Los jueces deberán decidir si ratifican la condena de una corte previa, de cuatro años y seis meses de prisión, absuelven al sentenciado como pide su abogado, o aumentan la carcelería a seis años y seis meses, como plantea la Fiscalía.
El exlegislador llegó al banquillo como consecuencia de una intriga político-familiar, es decir su enfrentamiento con Keiko, su hermana mayor y tres veces fracasada en sendos balotajes por la presidencia.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que tomará la decision es presidida coincidentemente por el juez César San Martín, quien también encabezó el tribunal que en abril de 2009 condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión.
La pena se cortó por la polémica validación de un indulto decretado en diciembre de 2017 por el entonces presidente, el neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, quien en marzo de 2018 renunció paradójicamente bajo presión de la mayoritaria bancada parlamentaria fujimorista dirigida por Keiko Fujimori.
Kenji Fujimori es acusado de tráfico de influencias y otros cargos, por haber ofrecido, él y otros dos legisladores fujimoristas, favores del Gobierno a legisladores de la misma bancada seguidores de Keiko Fujimori, para que no votaran por la vacancia (destitución) del entonces presidente neoliberal Pedro Pablo Kuczynski.
Uno de esos legisladores, Moisés Mamani, fingió estar interesado en sumarse a los disidentes encabezados por Kenji, partidario de un entendimiento con el gobierno de Kuczynski que incluyó el indulto de diciembre de 2017, arreglo al que se opuso Keiko.
Mamani grabó sus conversaciones con Kenji y funcionarios de la administración Kuczynski, en las que estos le ofrecían realizar obras en su región, la surandina de Puno, y en las de sus colegas que también se negaran a votar por echar al gobernante.
La bancada fujimorista presentó el testimonio de Mamani y los registros furtivamente obtenidos, en una conferencia de prensa tras lo cual renunció Kuczynski.
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