El TSJ declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa de la exgobernante (2019-2020) y ratificó la condena por asumir en forma irregular la jefatura del Estado en noviembre de 2019.
“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jeanine Añez Chávez (…)», expresa el Auto Supremo número 2064/2023 emitido este viernes.
El 10 de junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó a Áñez a 10 años de encierro por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por la forma ilegal en que primero se ubicó a la cabeza del Senado y desde ahí al frente del Estado Plurinacional.
Una Sala Penal de La Paz confirmó entonces esa resolución.
En esa oportunidad, el juez explicó que las pruebas presentadas y proporcionadas en el juicio oral fueron suficientes para que los miembros del Tribunal tengan la “plena convicción” sobre la participación y responsabilidad penal de la exmandataria de facto.
Áñez se apropió del poder el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia forzada del dignatario Evo Morales, provocada por violentas protestas encabezadas por el entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho (encarcelado preventivamente ahora en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz).
Factor decisivo en ese desenlace fue un motín policial y la “sugerencia” de los militares al exmandatario para que dimitiera.
Desde el cargo de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se autonombró su titular por encima de la mayoritaria bancada del Movimiento al Socialismo y desde ahí jefa de Estado ante una Asamblea Legislativa que no contaba con el quórum requerido.
Luis Guillén, abogado de Áñez, anunció que tras agotar infructuosamente las instancias judiciales bolivianas acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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