“Es insólito, ahí se ve claramente lo sucia que está la justicia. Tuvieron que esperar un feriado, un 25 de diciembre, para que esa sala tome en cuenta el caso de la exalcaldesa”, afirmó Pacheco en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv.
Recluida preventivamente en la prisión cruceña de Palmasola desde 2021, Sosa encara juicios relacionados con su función como exautoridad edil, entre ellos los casos Prestín e “ítems fantasmas”, que provocaron pérdidas millonarias al municipio autónomo de Santa Cruz de la Sierra.
“No se ha recuperado ni un peso, indigna, disgusta, (la decisión) de parte de las autoridades judiciales su actuar (…), no hay una sentencia. Hay un juicio oral el 3 de enero, porque no se esperaron una semana, es muy lamentable, como cruceños y como autoridad estamos muy indignados”, sostuvo Pacheco visiblemente irritado ante las cámaras.
Alertó el concejal que la imputada podría huir al exterior y fingirse fallecida para evadir el proceso investigativo sin reparar el daño económico que presuntamente causó a las arcas municipales.
“Esperemos que no salga, porque el día que ella salga, al otro día se va escapar de Bolivia, se va ir a otro país, se va hacer la fallecida (…). Los cruceños clamamos justicia, que pague sus culpas en la cárcel y que devuelva la plata a los cruceños”, insistió Pacheco.
Anticipó que este martes a primera hora acudirá ante el Palacio de Justicia del departamento cruceño con la demanda de que intervengan el juzgado que falló a favor de Sosa.
Items Fantasmas clasifica como el mayor escándalo de corrupción de la última década en Santa Cruz, en este proceso la Fiscalía investiga una denuncia por el cobro de 800 ítems (salarios) fantasmas en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.
Lo que comenzó como un problema familiar entre Antonio Parada y su exesposa Valeria Rodríguez, quien lo demandó por violencia patrimonial y económica, destapó el mega escandaló de corrupción que causó un daño millonario a las arcas del Estado.
Rodríguez develó que en el entretecho de la casa que compartía con Parada encontró un conjunto de documentos personales sobre apertura de cuentas bancarias, transferencias, contratos y sellos.
Presentó ante la Fiscalía una transferencia del acusado de un millón 200 mil dólares a Estados Unidos, cuando su salario como director de Recursos Humanos no superaba los 11 mil bolivianos mensuales (unos mil 500 dólares).
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