Los abogados Juan Carlos Ruiz, constitucionalista, y Cruz Silva, se sumaron al especialista en dererchos Humanoa Carlos Rivera, en la impugnación de la norma que autoriza a la Policía a investigar y pedir diligencias judiciales, en caso de delitos flagrantes, lo cual estaba a cargo de los fiscales.
“La Constitución establece que dirige la investigación el Ministerio Público, no la Policía. El artículo 159, inciso 4, dice que la Fiscalía conduce desde el inicio la investigación del delito y la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público”, dijo Ruiz.
Señaló que el decreto cuestionado , al dar autonomía en ciertos aspectos a la Policía, altera el modelo constitiucional establecido por una reforma constitucional aprobada en aras de mayores garantías a la ciudadanía.
Cuz Silva, especialista en derechos humanos, advirtió que el empoderamiento de la Policía aumenta el riesgo para los derechos fundamentales de denunciantes y deninciados, lo que ha puesto en alerta a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Recordó que las protestas sociales de diciembre 2022 a marzo de 2023 (con un saldo de 50 muertos) evidenciaron que la Policía no está capacitada para actuar contra los delitos e investigarlos.
El exfiscal y exministro del Interior, Avelino Guillén, afirmó que la presidenta Dina Boluarte ha despojado a la Fiscalía de la conducción de las pesquisas, retrocedienco al informe policial, muchas veces primario y arbitrario, como prueba ante la justicia.
El abogado Rivera, a su vez, calificó como perjdicial y grave el decreto gubernamental cuando “hay un desmontaje del Estado de derecho y se viene utilizando a la policía como un órgano de represión”.
Precisó que el decreto autoriza a la Policía a pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, retener a las investigados y establecer los delitos presuntamente cometidos y las responsabilidades penales.
Para Rivera, el decreto gubernamental “equipara casi el poder de la Policía con el del Ministerio Público y en algunas circunstancias pone a la Policía por encima de la Fiscalía y eso es inconstitucional”.
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