Aldo Michel, líder del CIJ, celebró en entrevista al canal estatal Bolivia Tv que, tras un trienio de investigaciones, el fiscal Omar Mejillones anunciara oficialmente la demanda judicial contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta de facto (2019-2020) Jeanine Áñez.
Denunciados por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty, comparecen ellos y otros seis involucrados en la conspiración que provocó la renuncia del exmandatario constitucional Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
Mejillones explicó que para Camacho y otros tres imputados el Ministerio Público exigirá 20 años de encarcelamiento.
Están incluidos en la acusación formal el excívico de Potosí Marco Pumari, el exministro de Defensa Luis Fernando López; así como los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, Williams Kaliman y Yuri Calderón, respectivamente.
Igualmente, aparecen encartados el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández y el excomandante de la institución armada Carlos Orellana.
Golpe de Estado I investiga el complot que forzó en 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y la imposición del régimen de facto de Jeanine Áñez.
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Una de las pruebas que obran contra el gobernador encarcelado es un video difundido en los canales nacionales de televisión, en el cual admitió que antes de dar a Morales el ultimátum para su renuncia en 48 horas, su padre, José Luis Camacho, “cerró” con efectivos policiales y militares para que incumplieran su deber constitucional ante las acciones antigubernamentales en 2019.
La acusación formal abre paso al juicio penal por delitos, como terrorismo, (tiene una condena de 15 a 20 años de cárcel), financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Mejillones informó a la prensa que acumuló pruebas sobre hechos como los movimientos bancarios de Camacho durante el conflicto de 2019 y la declaración del ayudante de Kaliman, quien reveló que el excomandante de las Fuerzas Armadas tuvo contactos con López, operador al servicio de Camacho.
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