A poco más de un año de su instalación en el cargo como sucesora del destituido y preso Pedro Castillo, la Coalición Ciudadana, agrupación de personalidades de centro-izquierda y centro-derecha, coincidió con la persistente demanda de organizaciones sociales y partidos progresistas y de izquierda que consideran necesario acortar el mandato de Boluarte como salida a la múltiple crisis.
En un “Manifiesto por la Democracia”, el grupo de reciente creación considera impostergable “un consenso por una salida pacífica y constitucional o por el adelanto de elecciones generales para ir hacia un periodo de transición, con un plan concreto consensuado para la gobernabilidad democrática y la urgente reactivación económica”.
Uno de los promotores es el titular de la entidad Transperencia,
Álvaro Henzler, facilitador del colectivo y quien no descartó que uno de los integrantes del grupo se convierta en candidato presidencial.
En la agrupación hay personalidades progresistas como el exparlamentario y exministro de Salud Hernando Cevallos, la exprimera ministra Mirtha Vásquez y los extitulares de gobiernos neoliberales Gino Costa, Gloria Montenegro y Marisol Pérez Tello.
También el exgobernador de la región norandina de Cajamarca, Mesías Guevara; la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y el dirigente del derechista Partido Popular Cristiano, Carlos Neuhaus.
Entretanto, los esfuerzos de Boluarte por mejorar su aceptación en la ciudadanía contrastaron con el resultado de un sondeo de la empresa privada Datum, publicado hoy, el cual consigna una aprobación del nueve por ciento para la mandataria y una desaprobación del 85 por ciento.
La encuesta ratifica que el sur del país sigue siendo el de mayor rechazo hacia la Presidenta, pues allí la desaprobación es casi unánime, al alcanzar el 92 por ciento.
El Parlamento, de mayoría derechista, tiene peores cifras, pues lo aprueban solo siete de cada 100 peruanos y otro 88 por ciento lo reprueban; mientras, el Poder Judicial registra 15 por ciento de aceptación y un 78 por ciento de rechazo.
La suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, a la que defiende la mayoría derechista congresal, tiene un 73 por ciento de desaprobación y solo 15 por ciento de aprobación, tras graves denuncias sobre el uso del cargo para presionar a parlamentarios para que aprueben normas útiles para su permanencia en el cargo.
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