El primer ministro, Alberto Otárola, declaró tras la sesión semanal del Consejo de Ministros, sostuvo que las disposiciones que autorizan a la Policía a investigar por su cuenta casos de flagrancia o inminencia de delito, con cargo a informar a la Fiscalía, afectan al marco constitucional y no la labor del Ministerio Público.
Reconoció el derecho de la Junta de Fiscales Supremos de emprender acciones legales en defensa de sus fueros que la norma cuestiona, que forma parte de medio centenar de decretos frente a la crisis de inseguridad y desborde de la delincuencia.
Según Otárola, el Gobierno ha cuidado que esas normas “respeten escrupulosamente el marco constitucional” y la modificación del Código de Procedimiento Penal decretada respeta “el rol principal y la facultad de conducir la estrategia de la investigación del Ministerio Público”.
Negó que, como señalan destacados juristas, el Gobierno haya dado mayor poder a la Policía Nacional, cuyos mandos lo reclamaban, al igual que medios de prensa y políticos conservadores.
La Junta de Fiscales Supremos, al advertir en un comunicado que analiza tomar acciones legales contra los decretos, argumenta que estos “contienen normas que vulneran las funciones constitucionales del Ministerio Público”.
El texto agrega que el Ministerio Público “en ningún momento fue convocado por el Poder Ejecutivo, para emitir una opinión institucional” sobre los textos.
Argumenta además que la labor policial de investigación del delito no puede ser interpretada aisladanente y sin tener en cuenta el artículo de la carta magna según el cual “la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público”.
Entre las críticas provocadas por los decretos, se incluyen las que los ubican en el contexto de las protestas sociales y plantean la posibilidad de que se utilicen con fines represvos.
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