“Ciertamente se han dicho muchas cosas ayer, una de ellas es continuar lo que iniciaron el 2019, ¿qué iniciaron el 2019? hechos violentos, racismo, discriminación, pero, además, tomar y hacer una ruptura constitucional a la fuerza”, aseguró.
La legisladora sostuvo que para quienes promovieron esa caravana y el golpe de Estado de noviembre de 2019, esa supuesta lucha iniciada ese año con Camacho a la cabeza está incompleta.
Reiteró el carácter preelectoral de la marcha de este jueves con la exigencia de la liberación del gobernador encarcelado preventivamente en la prisión de Chonchocoro, departamento de La Paz, por su involucramiento en el expediente penal Golpe de Estado I.
Autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, controlada por el partido opositor Creemos, y la familia de Camacho convocaron la víspera a una caravana bajo la consigna de “libertad” para el detenido hace un año por encabezar la conspiración que desembocó en la renuncia el 10 de noviembre de 2019 del expresidente constitucional Evo Morales.
Recordó Coque que, lastimosamente, “el señor Camacho hizo mucho daño al país y con él muchos, como la Unión Juvenil Cruceñista, que sembraron terror y zozobra en la población, tanto en 2019 y 2022 durante los 36 días de paro”.
“No se puede lastimar a alguien para después hacerse la víctima. En Bolivia no hay presos políticos, lo que si hay son políticos que hicieron mucho daño al país, los que atentaron contra el pueblo y los que generaron la ruptura constitucional en 2019”, concluyó Choque.
La élite promotora de la caravana manipula la realidad y señala que Camacho fue “secuestrado”.
Sin embargo, las autoridades sostienen que los cuerpos policiales solo cumplieron la orden emitida por el Ministerio Público tras reiteradas negativas de Camacho a presentarse a declarar ante citaciones de los fiscales investigadores del expediente penal Golpe de Estado I.
En este caso se investiga el complot que forzó en 2019 la renuncia de Morales y la imposición del régimen de facto de Jeanine Áñez.
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
mem/jpm
