Uno de los afectados, César Romero, especialista en temas judiciales del diario La República, reveló el caso e identificó al otro objetivo como Juan Carlos Tafur, director del medio de Internet Sudaca.
El reporte precisa que los periodistas y sus familias fueron objeto de video-vigilancia en sus casas, sus centros de trabajo y sus movimientos, desde el 5 de abril hasta el 23 de noviembre últimos, por orden del fiscal asignado a perseguir el crimen organizado, Andy Rodríguez.
Según Romero, quien acompaña el informe con documentos reservados probatorios, el espionaje fue encubierto como si fuera parte de una investigación al abogado José Luis Castillo, vinculado a la red de corrupción judicial, política y empresarial conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El hombre de prensa anota que el espionaje comenzó con el inicio de la publicación de notas suyas y de Tafur con cuestionamientos a las acciones de la fiscal Benavides.
Entre esos temas figuran la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos, la desaparición de las tesis de post grado que Benavides presentó para su ascenso a fiscal suprema y sus contactos telefónicos con el exdirigente deportivo Edwin Oviedo y el empresario Antonio Camayo, vinculados a “Los Cuellos Blancos…”
Romero refiere que elementos relacionados con la suspendida fiscal Benavides lo contactaron para asegurarle que ella no tenía nada que ver con el seguimiento a los periodistas.
Sin embargo, consigna el hecho de que el fiscal Rodríguez, quien ordenó el espionaje, era fiscal provincial adjunto en la ciudad sureña de Arequipa, hasta que en agosto de 2022, la fiscal, que entonces se iniciaba como titular del Ministerio Público, lo trasladó a Lima y lo puso a cargo de una Unidad contra la Ciberdelincuencia.
El cambio formó parte de una serie de modificaciones ordenadas por la fiscal para, según versiones periodísticas, rodearse de elementos de su confianza
Tres meses después, en noviembre de 2022, Rodríguez fue trasladado a la Fiscalía de Crimen Organizado y desde esta posición dispuso investigar en forma encubierta a Romero y Tafur.
Romero fue notificado de la investigación el 27 de noviembre último, cuando un nuevo fiscal a cargo del tema, Christian Alfaro, le comunicó que la pesquisa había sido archivada, porque no se encontró nada irregular y porque el plazo de la indagación había expirado.
Además, Sánchez advirtió el grave peligro de criminalizar la labor informativa y Romero comentó que la investigación a los periodistas “buscó amedrentarlos, silenciarlos, acallar sus voces críticas y sobre todo conocer a sus fuentes de información”.
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