Róger Mariaca, máxima autoridad del Ministerio público en esa jurisdicción, aseguró que cuando ocurrieron esos hechos delictivos, el 28 de diciembre de 2022, se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de la destrucción y quema del inmueble.
“Cinco personas asumieron la responsabilidad de los delitos y solicitaron acogerse al procedimiento abreviado, y otras 15 continuaron sus procesos investigativos”, añadió.
Tras la aprehensión ese día del gobernador, Luis Fernando Camacho, sus seguidores protagonizaron protestas violentas en las calles cruceñas, cientos de ellos tomaron la pista del aeropuerto internacional de Viru Viru e impidieron los vuelos, mientras en la noche se realizó el ataque contra la sede de la Fiscalía.
Los grupos de choque camachistas intentaron infructuosamente también ocupar las dependencias del Comando Departamental de la Policía, y originaron enfrentamientos con petardos y gases lacrimógenos.
El daño económico por la quema de la infraestructura de la Fiscalía ascendió a 37 millones de bolivianos (más de cinco millones de dólares), se informó.
Mariaca explicó que, gracias al moderno Ecosistema Justicia Libre se pudo recuperar más del 90 por ciento de los documentos de investigaciones que se tenían en físico en el edifico destruido.
Este 28 de diciembre, Camacho cumplió un año de encarcelamiento preventivo en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, por el expediente penal Golpe de Estado I.
Se investiga en este caso el complot que forzó el 10 de noviembre de 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales y la imposición del régimen de facto de Jeanine Áñez.
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
La acusación formal recientemente presentada abre paso al juicio penal por delitos como terrorismo, (tiene una condena de 15 a 20 años de cárcel), financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
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