El juez Leodan Cristóbal tomó la primera decisión judicial de encarcelar a algún presunto autor o responsable de las 50 muertes registradas durante las manifestaciones contra el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia, como sucesora de Pedro Castillo, detenido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso.
La orden de buscar a Torres se debe a que no se presentó, como estaba obligado a hacer, a recibir el dictamen de prisión preventiva por 18 meses, mientras se profundizan las investigaciones al señalado autor del delito contra homicidio calificado con alevosía.
El policía de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat) fue identificado como autor de la muerte del estudiante Rosalino Flórez, a quien, según confirmaron los peritajes, disparó por la espalda una carga de perdigones a corta distancia durante disturbios en la ciudad surandina de Cusco, el 11 de enero del año pasado.
Por la delicada situación, Flórez fue trasladado a un hospital de Lima, donde sufrió una larga agonía hasta que murió por la gravedad de sus heridas el 21 de marzo de 2023.
En el mismo caso, el Poder Judicial convocó para el 22 de enero a una audiencia sobre el pedido de la Fiscalía, de impedir la salida del país del coronel de la Policía Edson Cerrón, como presunto autor por omisión de la muerte del estudiante Flórez.
Cerrón era Jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional de Cusco, por lo que el hoy fugitivo Torres actuaba bajo sus órdenes, lo cual lo califica como autor por omisión en el contexto de violaciones de derechos humanos, factor agravante.
En Lima, el Ministerio Público inició la fase de investigación preparatoria de un juicio al comandante policial Jorge Celadita Fuentes y el agente Luis Bazán Campos, por el caso de Renato Murillo, manifestante que sufrió el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno.
Murillo sobrevivió tras 12 días en estado de coma, ha denunciado acoso policial a él y su familia y ha sido citado como testigo de cargo en la investigación de la Fiscalía por muertes en la represión, a la presidenta Boluarte y varios exministros.
Está pendiente por otra parte un caso similar, el de Víctor Santisteban ultimado por una bomba lacrimógena disparada a corta distancia a la cabeza, en enero de 2023, en el centro de Lima.
Santisteban, migrante peruano radicado en Argentina y de vacaciones en Lima, no participaba en las manifestaciones y solo era espectador de los disturbios, según su familia.
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