“Hemos identificado a 20 vehículos que estaban cargando de manera inusual, durante los últimos tres meses, más de medio millón de litros de combustible. Seis (de los conductores) ya han sido aprehendidos”, sostuvo Jiménez al responder una pregunta del canal estatal Bolivia Tv.
Informó que seis de esos conductores fueron capturados, de ellos dos están en detención preventiva y cuatro con una imputación formal por incurrir en cargos repetitivos.
Precisó que este martes fueron incautados los seis vehículos, y de ellos se comprobó que uno ha cargado en menos de un trimestre más de 228 mil litros.
Anunció el director de la ANH que los operativos continuarán y se intensificarán para frenar el desvío de combustible, ilícita que calificó de “cáncer” por el daño que causa a la economía nacional.
Jiménez recordó que existe un mandato constitucional, pues el presidente, Luis Arce, dejó claro que el abastecimiento está garantizado para el territorio nacional.
Al respecto llamó a la población a que denuncie estos hechos irregulares por una línea telefónica gratuita establecida para reforzar los controles en todo el país altiplánico.
El titular de la ANH refirmó que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, busca a los 14 motorizados faltantes, identificados por el sistema de control de este órgano regulatorio.
La Administración de Arce oficializó el 13 de abril del año pasado la seguridad energética del país con la Política de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, con la cual pretende alcanzar un ahorro anual de mil millones de dólares.
Esta estrategia interdisciplinaria fue presentada en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental) a la que asistió Prensa Latina.
Participaron los ministros de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otras autoridades gubernamentales.
Molina afirmó entonces que esta política implica una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta de combustibles al consumidor final, y de este modo llegar hasta economizar al Estado aproximadamente mil millones de dólares.
Para corregir la fuga de combustibles al mercado negro y su venta al narcotráfico, la minería ilegal y otras ilícitas, el presidente Arce decidió establecer severos mecanismos de control en todo el territorio nacional mediante la promulgación de los Decretos Supremos 4910 y 4911.
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