El máximo tribunal ratificó en la sentencia de una corte anterior que dejó la condena de cuatro años y seis meses pendiente de ratificación por la corte que dio su fallo definitivo hoy.
Sin embargo, aplicó un un decreto legislativo aprobado hace unos meses y que elevó de cuatro a cinco el número de años de condena dentro de los cuales los jueces pueden disponer que la carcelaria sea suspendida y reemplazada por una especie de libertad condicional.
La Fiscalía pedía que Kenji Fujimori y sus coinculpados cumplan seis años y seis meses, porque los cargos estaban plenamente probados, según la acusación.
El fiscal señaló que Kenji Fujimori ofreció a congresistas del partido fujimorista, liderado por su hermana mayor, Keiko, obras públicas y prebendas a cambio de que no voten por la vacancia (destitución) del entonces presidente neoliberal Padro Pablo Kuczynski.
Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el exasesor Alexei Toledo recibieron también el mismo trato de la corte encabezada por el conocido magistrado César San Martín, quien en 2009 encabezó el tribunal supremo que condenó a Fujimori a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Kenji Fujimori, legislador como Bocángel y Ramírez, consiguieron impedir en 2017 la vacancia (destitución) del entonces presidente neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar en marzo de 2018 por la revelación de la llamada “compra de votos”.
El menor de los Fujimori evitó así convertirse en el tercer integrante de su familia preso, pues ya estuvieron tras las rejas su padre, por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y su hermana mayor, Keiko, por lavado de activos y otros cargos.
Fujimori padre cumplió parcialmente su condena desde 2009 hasta diciembre pasado, cuando lo excarceló un polémico indulto decretado en 2017, anulado por el Poder Judicial y validado por un discutido fallo del Tribunal Constitucional.
Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, estuvo años atrás en prisión preventiva durante 13 meses, en el marco de una investigación por lavado de activos con fondos electorales recibidos indebidamente, caso por el que el fiscal pide se le condene a 30 años y 10 meses de cárcel.
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