Costa Rica cerró el 2023 como el año más violento de toda su historia, con un total de 907 homicidios, es decir, 17,2 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que implica un incremento del 38,6 por ciento con respecto al 2022.
Luego del regreso de los feriados de Navidad y Fin de año, los diputados aprobaron una reforma que restringe la aplicación del beneficio de libertad condicional solo a quienes hayan cumplido dos terceras partes de su condena.
La legislación vigente indica que toda persona condenada puede solicitar a un juez la libertad condicional siempre que se haya cumplido la mitad de la pena impuesta, pero con el proyecto aprobado deberá cumplir dos terceras partes de la condena para cierto tipo de delitos.
Con 51 votos a favor y cero en contra, fue aprobada esta reforma, que plantea además que para el caso de quienes hayan sido culpados en delitos como Homicidio simple y calificado, violación, abusos sexuales, trata de personas, robo, secuestro extorsivo y otros delitos de gravedad semejante sólo podrán acceder al beneficio a quien solo le falte una tercera parte de su condena.
También incluye a femicidas y a quienes hayan incumplido la Ley Contra la Delincuencia Organizada y en la relacionada con Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
A la par, sesiona una nueva comisión con representantes de los poderes del Estado que comenzó a principios de diciembre último sus funciones para hacer frente a la situación de inseguridad y criminalidad que vive el país.
El nuevo grupo se concretó luego de varias discrepancias entre el Gobierno y el Congreso sobre cómo abordar el tema de la seguridad.
Integrado por la ministra de la presidencia Natalia Díaz, la diputada Gloria Navas y un representante del Ministerio Público, con ellos trabajarán además equipos de asesores.
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