En la semana, el Tribunal de Contrataciones Públicas (TACP) decidió a favor de la constructora brasileña- acusada de pagar sobornos en varios países de América Latina, incluyendo a Panamá- que no estaba de acuerdo con la rescisión de su contrato.
En esa apelación, Odebrecht indicó que había entregado el 99 por ciento de los trabajos; que cuando se le rescindió el contrato de la Terminal 2 ya estaba ocupada y en uso; y que la administración debía otorgar una nueva prórroga para terminar lo pendiente.
Según el gerente de Tocumen, Raffoul Arab, considerando los intereses del Estado panameño y de su población, la entidad cumplió con su deber de poner en valor y en total funcionamiento una terminal que tenía atrasos sustanciales en su entrega, ocho adendas al contrato, persistentes incumplimientos del contratista y defectos de construcción.
“Ni la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública ni el contrato suscrito con la empresa contratista establecen de modo alguno que habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentre impedido de resolver administrativamente un contrato frente a incumplimientos contractuales. La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra”, puntualizó.
Sin embargo, el TACP le dio la razón a Odebrecht y se justificó en inspecciones, peritajes y una serie de pruebas y alegatos.
“Hay serios incumplimientos en la obra e incluso estamos encontrando nuevos hallazgos que afectan las operaciones del aeropuerto, como en las plataformas de aterrizaje”, agregó Arab.
El funcionario aseveró a medios de prensa que aunque acata la decisión del TACP, agotarán las últimas instancias que permite la ley para salvar los intereses de Panamá.
Arab advierte que la nueva terminal pudo estar ocupada porque la administración de Tocumen aumentó los trabajos que Odebrecht no terminó y que eran vitales para recibir aviones y atender a los pasajeros.
Odebrecht busca una compensación de 19 millones de dólares, mientras que Tocumen reclama 20 millones por demoras en la obra y pérdidas financieras derivadas de trabajos no terminados.
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