La imputación fue presentada hace más de un año, después de que, el 7 de diciembre de 2022, el entonces gobernante fue detenido por su propia escolta, encarcelado y vacado (destituido) por el Parlamento, tras fracasar su intento de disolver el Legislativo controlado por la oposición y reorganizar el sistema de justicia.
El Ministerio Públicó pidió ademas 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, y los extitulares del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo y parlamentario progresista, Roberto Sánchez, como coautores del delito de rebelión.
Por el mismo cargo la Fiscalía pidió 15 años de encierro para Aníbal, quien fue ministro de Justicia y primer ministro del gobierno iniciado por Castillo el 28 de julio de 2021, quien se encontraba con él cuando anunció la disolución del Congreso, pero ya no integraba el gobierno.
La nómina de imputados incluye a tres oficiales de Policía que respaldaron al entonces mandatario, el general Manuel Lozada, el comandante Justo Venero y el teniente Eder Antonio Infanzón, para quienes se pide 25 años de cárcel.
La defensa legal, a cargo de abogados nacionales y extranjeros, cuestiona los cargos y en especial el de rebelión, alegando que este delito requiere de que haya una acción colectiva de alzamiento armado, lo cual, afirman, no ocurrió, aunque la acusación interpreta como tal al hecho que Castillo era jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Según la acusación, los imputados participaron en un plan de cierre del Congreso, intervención del sistema de justicia y establecimiento de un gobierno de excepción, medidas anunciadas horas antes de que el Parlamento votara una moción de vacancia (destitución) de Castillo, a la postre aprobada el mismo día.
Las medidas anunciadas no fueron acatadas por las Fuerzas Armadas ni por la Policía que, según recientes testimonios, coordinaron acciones inmediatamente para abortar lo que el nuevo gobierno y la prensa califican como golpe de Estado.
El ascenso de la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte a la jefatura del Estado, con la venia del Legislativo de mayoría derechista, dio pie a grandes protestas sociales contra la nueva gobernante, que se prolongaron hasta marzo de 2023.
Las manifestaciones, con mayor fuerza en el sur del país, dejaron un rastro de 50 civiles ultimados en su mayoría con disparos de armas de fuego policiales y militares y, como hechos colaterales, un policía linchado y seis soldados ahogados cuando cruzaban un río.
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