La ministra de Relaciones Exteriores boliviana, Celinda Sosa, y el vicetitular a cargo de esta actividad, Élmer Catarina, participaron en el XXIII Consejo extraordinario Andino de Cancilleres realizado en formato virtual a propósito de los hechos violentos protagonizados por grupos delincuenciales en Ecuador.
El foro acordó “celebrar el domingo 21 de enero, en Lima, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y titulares a cargo de la seguridad interna a fin de adoptar medidas concretas y efectivas para luchar contra el flagelo de la criminalidad organizada transnacional”, según la declaración publicada.
Recientemente, el presidente de Bolivia, Luis Arce, urgió “trabajar en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos, así como la creación de organismos supranacionales como la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos (ALA), bajo los principios de soberanía y dignidad de nuestros pueblos”.
La declaración de los jefes de la diplomacia en los países de la CAN condenó los violentos sucesos ejecutados en Ecuador por grupos delincuenciales de estructura transnacional.
Expresa el texto que esas pandillas realizaron “actos de terror, han pretendido desestabilizar e impactar con gran intensidad el sistema político y régimen constitucional ecuatoriano, los mismos que representan una amenaza a la institucionalidad democrática de la subregión andina”.
Su más profundo rechazo frente a estos actos criminales expresó el Consejo Andino e invocó los principios e ideales fundacionales del proceso de integración regional, como la igualdad, la justicia, la paz, la solidaridad y la democracia.
Los ministros reafirmaron su apoyo y solidaridad al pueblo ecuatoriano y al Gobierno constitucional del presidente Daniel Noboa en su enfrentamiento a estas amenazas que ponen en riego el sistema democrático de ese país. Asimismo, solicitaron a la Secretaría General de la CAN proveer los antecedentes existentes en el ordenamiento jurídico de la región, con el propósito de ofrecer a las autoridades propuestas que puedan ser adoptadas en el foro de Lima.
El 9 de enero, una ola de violencia que incluyó la voladura e incendios de autos, secuestros de policías y hasta la toma por encapuchados del canal de televisión TC de Guayaquil cuando se transmitía un noticiario, fue observado por la teleaudiencia boliviana.
Tras esa cadena de desmanes, el presidente Noboa firmó un decreto que declara la existencia de un conflicto armado interno en el país, designó como grupos «terroristas» a unas 20 bandas criminales y ordenó a las Fuerzas Armadas restablecer el orden.
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