Pescadores, comerciantes y de los municipios afectados realizaron diversos actos de condena a la empresa española, a la que acusan de incumplir sus obligaciones de indemnizarlos por el cierre del turismo en las playas y de la pesca artesanal, actividades de subsistencia de esas poblaciones.
“El mar exige justicia”, decía un cartel levantado por uno de los manifestantes en una especie de ceremonia de desagravio y defensa del mar y de rechazo a las afirmaciones de la empresa, de que ha cumplido la mayoría de sus obligacione, cuando en realidad, afirma, solo ha otorgado indemnizaciones insufientes a parte de los afectados.
Las manidestaciones culminaron con una concentración ante la refinería de La Pampilla, a la que estaba destinado el crudo desembarcado el 15 de enero de 2022.
En diciembre último, un comunicado conjunto de la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Ambiente, de Salud y de la Producción (que incluye la pesca) indicó que, según los informes de los organismos técnicos oficiales, hay 25 playas afectadas por el crudo.
Además, el Instituto del Mar del Perú advirtió que no hay condiciones para la pesca en las aguas cercanas a la orilla, debido a la persistencia en el fondo marino del crudo derramado que causó la desaparición de mil 850 especies de fauna silvestre, incluyendo varias en peligro de extinción.
Por su parte, el ambientalista Daniel Olivares, exparlamentario, criticó la acitud de Repsol, pero también al Gobierno, por lo que llamó falta de firmeza para exigir a Repsol que asuma su responsabilidad por la catástrofe.
Al no obtener justicia en el país, más de 34 mil pobladores de municipios afectados por el derrame presentaron, a través de los abogados de una organización no gubernamental, una demanda de una indemnización de mil 200 millones de dólares como compensación por los daños sufridos.
La denuncia fue hecha en una corte de Países Bajos, porque la empresa Repsol Perú está registrada en ese país.
Paralelamente, el alcalde del municipio de Ventanilla, otro de los afectados, Samuel Daza, informó que intenta, con el asesoramiento de expertos de la española Universidad de Huelva, una conciliación con Repsol para que indemnice al municipio y denunció que la empresa no toma en serio las conversaciones.
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