Con el encarcelamiento del ex diputado Cholzer Chancy por orden del juez de instrucción Al Duniel Dimanche, la rueda de la justicia sigue moviéndose en el país, aunque existen reservas en la población si todos los implicados en el caso responderán ante la ley.
Chancy, antiguo presidente de la Cámara Baja, tras su comparecencia el lunes 22 de enero pasó su primera noche en la comisaría de Pétion-Ville.
Otros antiguos funcionarios están en el punto de mira del juez Dimanche, que dictó contra ellos prohibiciones de salida del país
En la lista figuran ex presidentes como Jocelerme Privert y Michel Joseph Martelly, ex primeros ministros como Laurent Salvador Lamothe y Jean-Max Bellerive, ex ministros y ex diputados.
Recientemente, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) fue notificada sobre la orden de detención contra 37 personalidades políticas haitianas implicadas en esta investigación.
La decisión del juez de solicitar a la Dirección Central de la Policía Judicial el arresto de los encartados tiene, entre otros objetivos, evitar imprevistos en el proceso que adelanta sobre lo ocurrido en el Centro Nacional de Equipamiento (CNE).
El escándalo tiene lugar tras la publicación de informes de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC), según los cuales el Estado perdió unos cuatro mil millones de gourdes (30,3 millones de dólares) por estos y otros actos considerados ilegales.
Uno de los documentos de la ULCC reveló que 78 equipos del CNE fueron malversados por varias personalidades políticas y parlamentarias.
Esos bienes públicos fueron utilizados para fines estrictamente privados y personales, aseguró la ULCC, y recomendó a la justicia emprender acciones legales por apropiación indebida de propiedad estatal.
La pesquisa se centró el en proyecto gubernamental Caravana de Cambio impulsada por el presidente asesinado Jovenel Moïse y para el cual el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, el Centro Nacional de Gestión de Residuos Sólidos y el CNE recibieron equipamientos.
De acuerdo con el documento que analizó la permanencia de los equipos en solo dos de los 10 departamentos, al menos 78 de esos artefactos no están controlados por el CNE actualmente, y otros se encuentran destruidos.
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