Por Joel Michel Varona
Corresponsal jefe en Haití
El discurso del primer ministro de Haití, Ariel Henry, al iniciarse el 2024 deslizaba varias ideas, pero la principal no estuvo: anunciar de manera oficial que dejaría el poder el 7 de febrero.
En su alocución advirtió que sembrar la anarquía no es la opción para alcanzar el poder en el país caribeño, donde cada día crecen las contradicciones políticas. “Quisiera recordar a los actores sobre el terreno que el caos no permitirá a nadie acceder al poder, y eso hay que verlo claramente”, subrayó Henry.
El 21 de diciembre de 2022 fue firmado un acuerdo en el que Henry permanecería 14 meses en el poder, el cual entregaría el 7 de febrero del año en curso, además de formar un nuevo gobierno, establecer un Consejo Electoral Provisional y asumir la organización de las próximas elecciones.
Ante el silencio sobre el asunto y la ausencia de una actitud que complazca a sus detractores, los opositores comenzaron a promover protestas, llamar a la sublevación popular, mientras que las bandas armadas cumplen con uno de los propósitos para las cuales son financiadas, desestabilizan la nación antillana.
Febrero sin promesas cumplidas puede gestar un año parecido al 2023, muy triste si se tiene en cuenta que la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó que en Haití casi cinco mil personas perdieron la vida debido a la violencia de las pandillas.
El número de homicidios se duplicó con creces el pasado año en el país, según el informe de la ONU, cuyo máximo representante, António Guterres, manifestó estar “consternado por el asombroso nivel de violencia de las bandas, que sigue empeorando y está destruyendo las vidas de los haitianos, en particular en Puerto Príncipe”.
Hasta el 26 de enero del año recién estrenado ya sumaban casi 70 muertes, más la sumatoria de las personas heridas por impacto de proyectiles, pero lo más alarmante es que estas en su mayoría fueron alcanzadas por balas perdidas en zonas fuera del enfrentamiento directo.
El Hospital Universitario Estatal de Haití y el Hospital Universitario de la Paz recibieron a los lesionados, atendidos con perforaciones en el pecho, en la zona abdominal y en las extremidades inferiores, incluso algunas que requerían amputación.
Algunos centros privados están desbordados y existen casos muy difíciles de tratar porque las balas hacen mucho daño y los pacientes no siempre tienen los medios económicos para seguir el tratamiento; a veces se opera con éxito, pero la persona muere en el postoperatorio porque no cuenta con recursos financieros.
Ejemplo de ello fue un paciente que recibió un disparo en la región cervical, tenía una herida transfixiante con riesgo de daño vascular y los médicos querían salvarlo, pero carecía de dinero para pagar la intervención quirúrgica.
LOS SECUESTROS VUELVEN A SER TITULARES
En Haití, los secuestros vuelven a ser titulares, un fenómeno sumado a los temores de los pobladores que sufren el rigor de la crisis económica, política y social.
La carretera nacional que une Carrefour Joffe con Port-de-Paix es una verdadera amenaza para la vida de los viajeros que también pueden sufrir robos y violaciones. Los transportistas pierden las mercancías que trasladan e incluso hasta el camión.
Sólo en las dos últimas semanas de enero se registraron una decena de casos de secuestro. El punto más sensible de este problema tiene como ejemplo la súplica del papa Francisco para que sean liberadas seis monjas de la congregación Hermanas de Santa Ana.
Ante decenas de miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice expresó: “He recibido con dolor la noticia del secuestro, en Haití, de un grupo de personas, entre ellas, seis religiosas”.
Su santidad pidió encarecidamente la liberación de estas monjas, comentó que reza por la armonía social en el país caribeño e invitó a todos a poner fin a la violencia que tanto sufrimiento causa en la población.
En la tarde del 19 de enero fueron plagiadas las monjas de la Congregación Hermanas de Santa Ana por una banda criminal, junto a un profesor y el conductor del autobús en el que viajaban en misión humanitaria a una universidad.
Recientemente, el jefe del Complejo Médico Élohim, el doctor Berthony Francois, fue liberado tras ser secuestrado por una banda criminal en el centro de la capital de Haití.
Francois fue raptado el 11 de enero y para dejarlo en libertad, su familia debió pagar un rescate cuyo monto hasta ahora es desconocido.
En tal sentido, el secretario general de la Asociación Médica Haitiana, el doctor Ardouin Louis-Charles, denunció que a los problemas existentes en el sector de la salud en Haití se suma el perjuicio que ocasionan las bandas armadas al ejecutar secuestros extorsivos contra los galenos.
Louis-Charles protestó contra los impactos negativos de la inseguridad en su sector, donde muchos profesionales son asesinados, víctimas de secuestros, y otros están desaparecidos.
Uno de ellos, el médico Samson Marseille, jefe del Departamento de Epidemiología, Laboratorio e Investigaciones del Ministerio de Salud Pública y Población, fue secuestrado el 28 de julio de 2023, comentó Louis-Charles en un comunicado.
“Algunos compañeros médicos nunca recuperaron su libertad, ni siquiera después de pagar los rescates”, lamentó el doctor.
CORRUPCIÓN Y ESCÁNDALOS
Otro aspecto que matiza la vida política de Haití es la corrupción, de ahí que el proceso judicial contra exfuncionarios de alto rango por apropiación indebida de bienes públicos prosigue su marcha.
Con el encarcelamiento del exdiputado Cholzer Chancy por orden del juez de instrucción Al Duniel Dimanche, la rueda de la justicia sigue moviéndose, aunque existen reservas en la población ante la duda si todos los implicados en el caso responderán ante la ley.
Chancy, antiguo presidente de la Cámara Baja, tras su comparecencia fue llevado directo a la comisaría de Pétion-Ville, en espera del traslado a otra cárcel.
Otros antiguos funcionarios están en el punto de mira del juez Dimanche, que dictó contra ellos prohibiciones de salida del país. En la lista figuran expresidentes como Jocelerme Privert y Michel Joseph Martelly, ex primeros ministros como Laurent Salvador Lamothe y Jean-Max Bellerive, exministros y exdiputados.
Recientemente, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) fue notificada sobre la orden de detención contra 37 personalidades políticas haitianas implicadas en esta investigación.
La decisión del juez de solicitar a la Dirección Central de la Policía Judicial el arresto de los encartados tiene, entre otros objetivos, evitar imprevistos en el proceso que adelanta sobre lo ocurrido en el Centro Nacional de Equipamiento (CNE).
El escándalo tiene lugar tras la publicación de informes de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC), según los cuales el Estado perdió unos cuatro mil millones de gourdes (30,3 millones de dólares) por estos y otros actos considerados ilegales.
Uno de los documentos de la ULCC reveló que 78 equipos del CNE fueron malversados por varias personalidades políticas y parlamentarias. Esos bienes públicos resultaron utilizados para fines estrictamente privados y personales, aseguró la ULCC, y recomendó a la justicia emprender acciones legales por apropiación indebida de propiedad estatal.
La pesquisa se centró en el proyecto gubernamental Caravana de Cambio, impulsada por el presidente asesinado Jovenel Moïse y para el cual el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, el Centro Nacional de Gestión de Residuos Sólidos y el CNE recibieron equipamientos.
De acuerdo con el documento que analizó la permanencia de los equipos en solo dos de los 10 departamentos, al menos 78 de esos artefactos no están controlados por el CNE actualmente y otros se encuentran destruidos.
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