El defensor Samuel Abad calificó el dictamen de la Tercera Sala Constitucional de Lima como valioso y valiente por haber frenado la indagación a cargo de la Comisión de Justicia del Parlamento, que tiene como objetivo destituir a los siete integrantes del órgano encargado de evaluar, nombrar y destituir a jueces y fiscales,
La decisión judicial «Demuestra que el Poder Judicial puede enfrentarse ante los excesos del Congreso de la República” y resaltó el hecho de que el Legislativo pretende destituir a los magistrados por falta grave, la que no está definida, como corresponde.
La corte defina las conductas de los integrantes de la JNJ para que constituyan falta grave y merecedora de la destitución que planea el Congreso con el fin, según sus críticos, de controlar el Poder Judicial y avanzar sobre los órganos electorales (cuyos miembros elige la JNJ) con fines de controlar las elecciones.
En su enfrentamiento contra la JNJ, la mayoría conservadora que maneja el Parlamento, defiende además a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, apartada del cargo e investigada por posible tráfico de influencias y otros cargos.
Según el JNJ, Benavides usó el cargo para presionar o persuadir a los legisladores de que aprueben decisiones a favor de la consolidación del poder de la fiscal y canjear ese respaldo por descarte de investigaciones a legisladores por presunta corrupción.
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