El exmandatario retornó a la cárcel que lo alberga desde diciembre de 2022, después de ser atendido por médicos del hospital de la seguridad social del municipio de Ate, bajo férrea vigilancia de la Policía que, demás, mantuvo rodeado el centro.
Castillo permaneció desde media mañana, cuando sintió un dolor en el pecho, hasta el final de la tarde, mientras numerosos seguidores expresaban su respaldo ante el hospital, donde permanecieron hasta la evacuación del preso.
Legisladores progresistas acudieron al centro médico a indagar sobre la situación del exgobernante e informaron que estaba estabilizado, mientras el sistema de salud de la seguridad social precisó que evolucionaba favorablemente.
Uno de los parlamentarios interesado en la situación de Castillo sostuvo que la presidenta Dina Boluarte -quien asumió el cargo en su calidad de vicepresidencia tras la destitución de Castillo- y el Instituto Nacional Pentienciario (Inpe) son responsanlesde la situación del exgobernante.
Ballido, quien fue primer ministro de Castillo pero posteriormente se alejó políticamente de él, hizo una invocación a las instancias internacionales a velar por la salud y la situación jurídica del preso que ha presentado una veintena de recursos judiciales para ser liberado y para que se anulen los cargos en su contra.
El exgobernante está sometido a prisión preventiva por 18 meses que cuentan desde el 7 de diciembre de 2022, cuando decretó la disolución del Congreso adverso a su administración, lo que fue desacatado por las Fuerzas Armadas y la Policía, al punto que su propìa escolta apresó a Castillo.
La Fiscalía acusa al exmandatario de rebelión o conspiración y sostiene que merece 34 años de condena, pero sus abogados nacionales e internacionales argumentan que, según el código penal, el delito de rebelión se comete con el uso grupal de las armas, las que no usó el exgobernante.
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