El abogado Carlos Rivera declaró a Prensa Latina que el proyecto de la bancada parlamentaria del partido derechista Alianza para el Progreso carece de sustento racional y jurídico y es contrario a la constitución y a convenciones internacionales firmadas por el Estado peruano.
Esa juridicidad internacional prohíbe la amnistía, el indulto o cualquier otra gracia para los crímenes de lesa humanidad, por lo que de ninguna manera va a aceptar una amnistía a priori.
Rivera explicó que la amnistía es una medida que el Congreso puede dictar para sentenciados y está sujeta a una serie de condiciones, siendo inviable dictarla en forma anticipada al posible delito de lesa humanidad cometido.
Agregó que el proyecto evidencia el autoritarismo y el bajo nivel de calidad del Legislativo peruano y se estrellará con la juridicidad internacional, con la cual tiene ya una controversia por el indulto.
Sin embargo, el primer ministro Alberto Otárola no rechazó el proyecto y dijo que “estamos haciendo un seguimiento a estas proposiciones legales”, en referencia además a la propuesta de un parlamentario que planteó reabrir la isla El Frontón, isla presidio ubicada frente a las costas de Lima y escenario en 1986 de las ejecuciones extrajudiciales de 254 condenados o acusados de terrorismo.
“Cualquier medida, que no afecte la Constitución y proteja a los policías en el enfrentamiento contra el crimen organizado, es bienvenida”, dijo.
El ex juez del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa dijo que el proyecto de amnistía previa debe ser revisado en detalle y coincidió con Rivera en que es una medida que perdona solo los delitos de quienes han sido condenados.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, señaló que la propuesta dota de impunidad a los agentes del Estado pues “elimina todos los límites a la acción militar y policial y la libera de toda responsabilidad”.
“No podemos tener carta blanca para salir a matar a la gente. El proyecto lo que hace es autorizar de antemano a violar el derecho a la vida, a la integridad física”, dijo.
El abogado especializado en derechos humanos Juan José Quispe advirtió que, de aprobarse el proyecto, quedarán impunes “los policías que cometan violaciones a los derechos humanos, como matar a personas que se han rendido”.
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