La misiva dirigida al secretario general António Guterres y otros destinatarios como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señala que desde el inicio de su gobierno fue objeto de “una campaña de demolición mediática y política” y de la gestación de un golpe de Estado lento y multidimensional ejecutad, afirma, con su destitución, el 7 de diciembre de 2022.
Señal que ese día, “acorralado por las fuerzas golpistas en el Parlamento y al notar movimientos extraños de tropas y contingentes policiales, decidí emitir un mensaje por televisión, mediante el cual, recogiendo el clamor popular, hago un anuncio simbólicode ‘cierre temporal del Congreso’”.
Recuerda que al mismo tiempo convocó a la elección de un nuevo Legislativo y el inicio de un gobierno de excepción con la reorganización del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a los que señala como involucrados en el alegado golpe.
Sostiene que el mensaje fue solo un acto político declarativo y no un acto formal de Gobierno “pues no se elaboró ninguna acta ni tampoco se emitió ningún decreto” pues la alocución no fue refrendado por el Consejo de Ministros, requisito constitucional.
La misiva expone además la vulneración de sus prerrogativas por el uso de su mensaje para su detención y destiutución incumpliendo el procedimiento constitucional de vacancia presidencial, aunque el Legislativo argumenta que esa formalidad fue obviada porque Castillo incurrió en delito flagrante con su mensaje.
El exgobernante afirma además que en la prisión se le mantiene incomunicado, sin poder hablar con su familia exiliada en México y es objeto de obstaculización a sus visitas y hasta al bloque de la luz solar con toldos.
Tras otras denuncias, afirma que Perú vive una lowfare (uso político de la justicia), en la que el Congreso monitorea al Poder Judicial y a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides (suspendida e investigada).
El expresidente peruano plantea que acude al Sistema Universal de Derechos Humanos ya que en Perú no se le garantiza imparcialidad ni debido proceso y refiere que es sometido a 36 meses de prisión preventiva, sin sentencia.
Además, Castillo afirma que es acusado de alzamiento armado (rebelión) que no ha cometido, que la fiscalía ha pedido que se le condene a 34 años de prisióny que se prepara “una farsa de juicio” en su contra.
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