La abogada de Aprodeh, Gloria Cano, resaltó la decisión de la Quinta Fiscalía Penal de Huamanga, de la región surandina de Ayacucho, de cerrar la investigación a Ruth Bárcena, viuda de uno de los 10 muertos en la represión de las protestas contra el ascenso de Boluarte a la presidencia, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La jurista que estaba claro que Bárcena no cometió el delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de su cargo, por lo cual era investigada.
“Ella solo increpó a un funcionario público sobre su accionar durante las protestas y la impunidad de las muertes de diez personas y las decenas de heridos” registradas en diciembre de 2022 en Ayacucho, agregó.
El dictamen de la Fiscalía no se refiere a Hilaria Ayme, madre de un adolescente de 15 años caído también en las protestas.
Ella participó en el incidente registrado el 20 de enero, en el que también increpó a la presidenta y le haló de los cabellos.
El Ministerio Público declaró además improcedente el pedido de Boluarte de no impulsar la investigación porque la Constitución establece que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.
Tras el incidente, Bárcena relató que se acercó a la presidenta debido a que no escuchaba sus reclamos de justicia por la muerte de su esposo y lanzaba caramelos a la gente mientras sonreía.
“¿De qué manera logré que me escuche? Agarrándola de la blusa, le dije: ‘escúcheme, por causa de usted, murió mi esposo; estoy pidiendo justicia por mi esposo, necesito ser escuchada, necesito que llegue la justicia por el asesinato de mi esposo”, declaró.
Durante las protestas sociales referidas murieron 50 civiles, en su gran mayoría baleados.
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