La sentencia fue aplicada al oficial retirado del Ejército Edmundo Molina Rangel, por haber atentado contra la vida de Leónidas Rodríguez y Julián Huamanyalli, en 1985, en el contexto de las operaciones armadas contra grupos armados.
Rodríguez y Huamanyalli fueron detenidos en el distrito de Seclla de la región centroandina de Huancavelica con el objetivo de conducirlos a la cercana base militar de Julcamarca y nunca más sus familiares los volvieron a ver.
La sentencia obliga al condenado a pagar una indemnización de 500 mil soles (131 mil 570 dólares) para los deudos de los asesinados y desaparecidos, los cuales fueron, además, torturados.
Un estudio de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas arrojó que durante la llamada lucha contra el terrorismo se registraron 20 mil 329 personas desaparecidas, cuyos restos han sido recuperados en una mínima parte.
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