“Rendimos nuestro sincero homenaje a las más de 30 víctimas fatales de ese trágico hecho, producto de una medida económica propia del neoliberalismo en contra el pueblo”, escribió el dignatario en su cuenta de X (antes Twitter). De esa forma evocó los 21 años de aquel trágico momento de la historia del país altiplánico, recordado como “Febrero Negro”, cuando el establecimiento de un impuesto decretado por el Gobierno seguidor de las terapias de choque elucubradas por el Fondo Monetario Internacional provocó violentos enfrentamientos entre bolivianos.
Sánchez de Lozada envió al Congreso dos proyectos de impuestos a los hidrocarburos y al salario, medida esta última bautizada como el “impuestazo”, que originó la violencia.
Una tarja de metal ubicada en una pared colindante con la céntrica Plaza Murillo, en La Paz, deja constancia de los enfrentamientos a balazos los días 12 y 13 de febrero de ese año, entre policías y militares, como reflejo de las jornadas que dejaron saldo de 30 muertos y 268 heridos.
Tras aquellos cruentos acontecimientos, el Gobierno del denominado Movimiento Nacionalista Revolucionario se vio obligado a retirar el proyecto del “impuestazo”, según la documentación histórica disponible.
Tales sucesos fueron el antecedente directo del levantamiento popular ocurrido en octubre de ese mismo año conocido como la Guerra del Gas por la defensa de los recursos naturales bolivianos.
La causa principal del conflicto fue el anuncio del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de puertos chilenos a Estados Unidos en momentos en que la cobertura del recurso en Bolivia era mínimo.
Esa situación, generó protestas y desembocó en una intervención militar contra los movilizados en diversas regiones.
La ciudad de El Alto fue el epicentro de esa represión, que incluyó el ametrallamiento desde helicópteros sobre la base del Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, con saldo de cerca de 70 muertos y 400 heridos en masacre que se conoce como Octubre Negro.
Tras esa matanza, Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, huyeron hacia Estados Unidos, donde permanecen a resguardo de las autoridades de ese país.
El extitular de la cartera a cargo del sistema defensivo de Sánchez de Lozada se desempeña en ese país como director del Instituto Interamericano para la Democracia, financiado por el Gobierno estadounidense.
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