“El fiscal departamental de Chuquisaca inició el proceso de investigación, pero la autoridad jurisdiccional decidió declinar de competencia a la ALP, entonces ya no está en manos del Ministerio Público, sino en la ALP”, explicó Lanchipa luego de un fallido informe oral en la Comisión de Justicia Plural de Diputados.
De tramitarse en el órgano legislativo, los magistrados serán sometidos a un juicio de responsabilidades.
A principios de enero legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una denuncia penal contra los magistrados por “usurpación de funciones”, después que estos emitieron una sentencia constitucional para prorrogar su mandato.
De acuerdo con la Constitución, esa autoridad expiró el 31 de diciembre de 2023.
La querella fue presentada por el jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, quien alegó que los magistrados ocupan los altos cargos “de manera ilegal”.
Objetan los opositores la Declaración Constitucional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que en su punto cuarto “dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades (…)”.
En un intento por apartarlos de sus cargos, los senadores opuestos al Gobierno de Luis Arce, el 18 de diciembre de 2023, presentaron el proyecto de ley 075 que dispone que los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del TCP “cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.
Aprobaron, además, el proyecto de normativa 073 de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El tratamiento de ambos proyectos, además de otras siete normas sobre créditos, debía realizarse entre el 5 y 9 de febrero, en virtud del acuerdo asumido el 2 de febrero por la Comisión Mixta Multipartidaria.
Sin embargo, luego que el presidente Arce promulgó la Ley 1549 Transitoria para las elecciones judiciales 2024, los diputados no se pusieron de acuerdo.
En sesión del 8 de febrero de la cámara baja, los legisladores que respaldan al Gobierno exigieron que primero figuraran en el orden del día créditos de infraestructura valorados en más de 800 millones de dólares, mientras que la oposición demandó priorizar los proyectos de ley de plazos procesales y de cesación de los magistrados autoprorrogados.
Israel Hauytari, presidente de la Cámara de Diputados, decidió en estas circunstancias declarar un cuarto intermedio (receso) sin definir una fecha para reiniciar las sesiones legislativas.
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