Los activistas reunidos en esta capital exigieron al Ejecutivo que garantice la seguridad ambiental tras el cierre ordenado de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que extrae cobre en la localidad de Donoso (Colón).
La obligación de la minera responde al fallo del 20 de noviembre último de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras intensas protestas populares de dos meses que paralizaron al país, y que declaró inconstitucional la Ley 406 que avalaba el contrato suscrito entre la compañía y el Estado.
En conferencia de prensa, la directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Joana Ábrego, señaló que luego de esa decisión de la CSJ y el denominado plan de cierre seguro, persisten irregularidades en la protección de áreas de gran valor ecológico.
La experta afirmó que el 100 por ciento de las acciones para el cierre de la mina están en manos de la empresa, mientras que el Ejecutivo mantiene una ”extrema hermeticidad” sobre el contenido de las medidas adoptadas.
Ábrego denunció que el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza entregó además al Ministerio de Comercio e Industrias una carta, en la que solicita confirmación sobre disposiciones jurídicas, comunicación y acciones tomadas para el cierre de la mina, pero sin los resultados esperados.
En ese sentido, otro de los activistas, Ricardo Wong, de la agrupación Promar, señaló que ante la falta de transparencia en ese proceso, los defensores de la naturaleza volverían a tomar las calles para exigir la limpieza de las áreas contaminadas por la devastadora minería a cielo abierto.
También indicó la falta de adecuados mecanismos de fiscalización y precisó que uno de los mayores riesgos es que durante el inicio de la estación lluviosa, en mayo próximo, cedan los muros que bloquean el paso de las aguas retenidas que concentran sustancias tóxicas de la actividad minera.
Un hecho como este, denunció, provocaría un desastre en la red hídrica de Panamá, que ”no vive de la minería y nunca lo ha hecho”.
Por su parte, Guido Berguido, de la Fundación Adopta Bosque Panamá, comentó que el Gobierno incumple su propio Plan de Acción sobre el cierre de Minas y excluye a la ciudadanía de su participación, lo que pone en grave riesgo la zona y aumenta la vulnerabilidad del país ante los procesos de arbitraje.
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