Samuel Abad, abogado de los siete integrantes de la JNJ, hizo la acotación al mencionar las consecuencias de la defenestración de los magistrados, aprobada ayer por una mayoría parlamentaria variopinta, por iniciativa planteada y sustentada por la derecha extrema.
“Sí llega a prosperar la posibilidad de destitución e inhabilitación por diez años de sus miembros, la Junta no podría funcionar”, dijo sobre la medida, motivada por el hecho de que una de sus integrantes, Inés Tello, siguió en funciones tras cumplir 75 años, lo que el Congreso considera edad límite para ejercer el cargo.
Abad señaló que la norma legal fija esa edad solo para postular al cargo y las causales de retiro de los miembros de la JNJ no mencionan ninguna edad límite.
Explicó que, de confirmarse la medida congresal, pendiente de aprobación por la comisión permanente y el pleno del Congreso, las vacantes deben ser llenadas por los accesitarios (suplentes), pero entre estos hay al menos dos cumplieron ya los 75 años, sin los cuales la JNJ no podrá funcionar.
Sobre las consecuencias del descabezamiento de la JNJ, mencionó que los procedimientos disciplinarios actualmente en sus manos quedarían «totalmente desactivados”.
Entre esos procesos mencionó el abierto por la JNJ a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciada por concertar intercambios de favores con bancadas legislativas a cambio de impunidad para congresistas indagados por presunta corrupción y otras causas.
Uno de esos arreglos es el pedido de Benavides al Congreso de que destituya a la JNJ y el de legisladores de Fuerza Popular (FP), encabezado por la neoliberal Keiko Fujimori, de que el Legislativo destituya a los miembros de la junta que la investiga y a los fiscales José Pérez y Rafael Vela, que piden 30 años de cárcel por lavado de activos para Fujimori.
El proceso disciplinario a Benavides tiene entre sus elementos de respaldo las declaraciones del exasesor de la fiscal, Jaime Villanueva, quien en se declaró intermediario de los entendimientos de la exfiscal con el Legislativo.
La medida contra la JNJ fue precedida por contradictorios dichos de Villanueva que incriminan a los fiscales que investigan y piden 30 años de cárcel para Keiko Fujimori por lavado de activos y otros delitos y a otros fiscales y detractores de ella.
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