Tres días después que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó sumariamente en primera instancia el cese de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se hizo público el controvertido proyecto de un legislador del partido neoliberal Fuerza Popular (FP).
La propuesta plantea que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), actualmente designado por la Corte Suprema entre sus integrantes, sea elegido por el JNE entre sus miembros.
El parlamentario progresista Edgar Reymundo no dudó en afirmar que las bancadas de derecha extrema y sus aliados “Quieren asegurarse el manejo del JNE”, pues desde su derrota electoral de 2021 han planteado abiertamente el objetivo de cambiar a las autoridades electorales antes de los próximos comicios.
Para ello, tienen en la mira al presidente del JNE, Jorge Salas, porque se negó a anular los comicios de hace tres años y validar las alegaciones conservadoras de un supuesto fraude negado por todos los observadores internacionales.
El diario La República afirma que el proyecto de reforma constitucional planteado por el legislador Raúl Huamán, de FP, partido de la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, “planea la captura del JNE” para contar con “una corte electoral a su medida”.
El mismo periódico cita fuentes del JNE según las cuales el fujimorismo pretende, con el cambio de modalidad de elección del titular del jurado, que sea elegido en reemplazo de Salas, por culminar su mandato, el representante del Colegio de Abogados en el tribunal, Willy Ramírez.
Ramírez es primo de Joaquín Ramírez, ex secretario general y financista de FP, partido del que se apartó en víspera de las elecciones porque un exconfidente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) declaró que el dirigente fujimorista le confió que Fujimori le encargó lavar (introducir en la economía legal) 13 millones de dólares, producto de aportes electorales secretos.
Otra opción del fujimorismo para presidir el JNE, según La República, es el representante de las universidades privadas en el tribunal, Aarón Oyarce.
Entretanto, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, denunció que el iniciado proceso de destitución de los miembros de ese órgano judicial, carece de fundamento y de motivaciones jurídicas.
Se trata solo, dijo, de la intención de algunos sectores del Congreso de desplazar a los integrantes de la JNJ, para lo cual se les acusa de permitir que la jueza Inés Tello siga en funciones pese a haber cumplido 75 años, edad límite según interpretación congresal
Vásquez señaló que la defenestración de la JNJ traerá consecuencias severas para la estabilidad democrática, jurídica y económica y la seguridad ciudadana.
Además, dijo, la junta quedaría paralizada al no contar con el quórum mínimo de seis jueces, pues quedaría reducida a solo cuatro, pues tres de los suplentes que reemplazarían a los destituidos tienen también más de 75 años.
Señaló que desde 2021 la JNJ, que tiene entre sus facultades nombrar a los titulares de los otros dos organismos electorales, la Oficina de Procesos Electorales (Onpe) y el Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha sido objeto de hostilidad constante de un sector parlamentario, que ha planteado 20 proyectos para afectar a la junta.
El cese de los miembros de la JNJ, por otra parte, echaría abajo, según el magistrado, procesos en marcha como el disciplinario aplicado a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien defiende la mayoría congresal por afinidades.
Paralelamente, se libra una intensa pugna en torno al caso de Benavides, procesada por la JNJ por acusaciones de pactar con bancadas congresales la aprobación parlamentaria de medidas para consolidar su posición en el Ministerio Público a cambio de archivar investigaciones a legisladores imputados por diversos cargos.
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