Los legisladores territoriales Clemente Ramos, Delfi Rentería y Raquel Valencia presentaron un recurso al Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz para que revierta la orden de traslado de Camacho, recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, hacia el cruceño de Palmasola con el objetivo de que encare la vista por el caso “decretazo”.
Piden, además, que ese acto se realice de forma virtual.
Indican en la petición que su posterior retorno al recinto penitenciario de Chonchocoro, igualmente, generará mora y suspensión de audiencias.
Sobre esa base, los legisladores departamentales “al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, artículo 113 – II último párrafo del Código de Procedimiento Penal y el artículo 3 numerales 11 y 13 de la Ley 025” solicitan “se revierta la decisión.
La decisión del traslado de Camacho fue asumida a finales de enero por el Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz para que enfrente el juicio oral por el delito de resoluciones contrataria a la Constitución y a las leyes.
Esa imputación deriva de la aprobación del decreto departamental 373 de marzo de 2022 con el que virtualmente anuló a su vicegobernador, Mario Aguilera, y delegó sus competencias a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, cuando él realizó un viaje al exterior.
La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial de la Gobernación, y cuando el escándalo se desató fue retirado de ese medio digital.
Según el Estatuto Autonómico departamental en su artículo 25, “ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o de Gobernador”.
Camacho permanece detenido en Chonchocoro por el denominado caso Golpe de Estado I, el cual aborda el complot que desembocó el 10 de noviembre de 2019 en la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y la imposición del gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
Dos días después, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden democrático.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 38 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
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