La Comisión Nacional de Familiares de Fallecidos y Heridos fue creada en un encuentro nacional de orgnizaciones formadas por familiares de los caídos en las demostraciones realizadas en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, La Libertad, Junín e Ica y la ciudad de Lima.
Las protestas dejaron un saldo de 50 civiles muertos por armas de fuego y numerosos heridos y entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 expresaron el rechazo de amplios sectores al ascenso, por sucesión, de la presidenta Dina Boluarte al cargo.
En una conferencia de prensa, los miembros de la flamante comisión nacional creada pidieron a las autoridades que aceleren las investigaciones, de manera que los culpables directos y responsables sean condenados.
A la conferencia asistieron también heridos que muestran daños permanentes que en varios casos les impiden trabajar, como ocurre con el campesino Víctor Cuaresma, de la region de Apurímac y que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en el rostro.
También se presentó Rony Rodríguez, que recibió una descarga de perdigones a corta distancia y que tiene en el cuerpo 24 proyectiles que le producen sangrados, más de un año después.
Pidió igualmente justicia Jorge Flores, cuyo hijo Rosalino, un estudiante de gastronomía, sufrió el impacto de 36 perdigones policiales en la espalda, en la ciudad surandina de Cusco, y falleció tras una larga agonía.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que respalda a los familiares, denunció las trabas de la Fiscalía a las investigaciones, aunque destacó que Luis Vadivia, un fiscal experimentado en violaciones de derechos humanos, está ahora a cargo y se ha reunido con las familias afectadas y ofreció mantener contacto con ellas.
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