‘No es crimen cumplir la ley en tanto existan en el Perú privilegios para ciertos condenados. Fujimori ha sido condenado’, dijo en una entrevista televisiva, al recordar la sentencia de 25 años que cumple el exgobernante por crímenes de lesa humanidad, corrupción y otros.
Agregó que el recluso, operado ayer en una clínica privada ‘ha cometido delitos gravísimos y tiene que estar en una cárcel común’ cuando su salud lo permita.
Respondió tácitamente así a la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, hija del condenado, quien reclamó ayer al gobierno que garantice la vida y la salud de su padre, y que evaluar su traslado en el estado en que se encuentra, ‘sería un atentado contra su vida’. Torres declaró también que se debe evaluar la situación para hablar de un posible traslado y que probablemente vuelva al presidio exclusivo y amplio que ocupa ‘pero luego tiene que ser trasladado a una cárcel común’.
A fines de agosto Vladimiro Montesinos, quien fuera brazo derecho del gobierno de Fujimori, y como él condenado por crímenes de lesa humanidad, fue trasladado del presidio de alta seguridad de la Base Naval del vecino puerto del Callao, donde tenía privilegios, a una zona de máxima seguridad y aislamiento de una cárcel común.
Entonces el ministro Torres declaró que ningún preso debe tener trato privilegiado y que también Fujimori sería trasladado.
De otro lado, el titular de Justicia dijo hoy que al hacerse cargo del ministerio encontró archivados expedientes de graves delitos de Fujimori que no han sido juzgados.
Los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia autorizaron esta semana la solicitud del Poder Judicial a la justicia chilena, para juzgar a Fujimori por casos referidos a los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos nacionales en agravio del Estado.
Tiene pendiente además un juicio por iniciarse por una matanza de civiles similar a las dos por las cuales se encuentra preso.
El exgobernante cumple una condena de 25 años de cárcel, hasta 2030 y en 2017 fue indultado por el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski, medida anulada por el Poder Judicial por ser ilegal, por lo cual volvió a ser encarcelado.
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