El encuentro en la occidental localidad del país andino pedirá garantías constitucionales para que choferes y demás empleados laboren esa jornada con normalidad, informaron representantes obreros.
Las autoridades denunciaron que trabajadores del transporte negados a acatar el cese de actividad ese día sufren presiones por parte de políticos defensores del paro.
Enviados del derechista gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, líder del llamado a la huelga, reprimen a miembros de la Federación de Transportistas para evitar que trabajen esa jornada, reveló el ministro de obras públicas y vivienda, Édgar Montaño.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones, Colectivos y Bloques Urbanos de La Paz y El Alto se declaró ‘en estado de emergencia’ ante las acciones desestabilizadoras.
Asumimos en una asamblea estar en permanente movilización a partir del 10 de octubre, declaró en un comunicado el directivo de esa entidad, José Christian Rivas.
No vamos a permitir que obliguen a la gente a acatar el paro, ‘porque esa es una medida política y antipueblo’, indicó esa institución, que integra a unas 70 organizaciones.
La Coordinadora recordó en su comunicado las dictaduras militares del Plan Cóndor que gobernaron en los años 70′ del pasado siglo la región, incluida a Bolivia, ‘con el único propósito de descabezar y eliminar físicamente a la vanguardia revolucionaria’.
El ente obrero, constituido el 15 de septiembre, asoció aquellos hechos con ‘otro sangriento golpe de Estado aquí, 39 años después, perpetrado por Camacho, Jeanine Áñez y Arturo Murillo, que persiguió y asesinó a 38 bolivianos’.
Por otro lado, la local Confederación de Choferes ratificó el repudio de sus afiliados al paro. ‘Trabajaremos con normalidad ese día’, declaró el secretario ejecutivo de esa organización, Ismael Fernández.
El sector de transporte, que busca ahora una reactivación económica tras la pandemia de Covid-19 y las restricciones, desacatará el paro también ‘porque es una medida asumida por personas que carecen de representatividad’, subrayó Fernández.
Un día de paro –argumentó- representa, además, una jornada sin alimentos para la familia. Esa medida es una locura, porque las pérdidas a nivel nacional serían cuantiosas.
Según fuentes oficiales, el cese de actividades convocado para el lunes, puede causar al país pérdidas por 112 millones de dólares.
jha/apb
