Los abogados de Kuczynski, sometido a detención domiciliaria, pretenden la prescripción de los cargos de fraude procesal y falsa declaración, referidos a la recepción de 100 mil dólares para su campaña de 2016, que no declaró como exige la ley.
Alegan que, al haber transcurrido más de cuatro años, los delitos han prescrito, pero el fiscal del caso, Carlos Puma, rechazó la petición por carecer de fundamento.
Explicó el ocultamiento del aporte en supuestas donaciones personales después de examinar la rendición de cuentas del partido Peruanos por el Kambio (PPK, iniciales del candidato), presentada en diciembre de 2017 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) y la prescripción se cuenta desde entonces.
El principal cargo contra Kuczynski es el de lavado de activos, por haber enmascarado como aportes ciudadanos el dinero aportado por una compañía integrante de un grupo empresarial conocido como ‘Club de la Construcción’, por usar relaciones políticas para hacerse de contratos de obras públicas.
En el caso están comprendidos seis excolaboradores de Kuczynski en la campaña de 2016, entre ellos la exembajadora de Perú en Reino Unido, Susana de la Puente, cuyos críticos señalan como experimentada lobista (cabildera) entre gobiernos y empresas privadas.
El exgobernante neoliberal y pronorteamericano es investigado, además, presuntos negocios indebidos con la empresa brasileña Odebrecht, realizados durante el Gobierno (2001-06) de Alejandro Toledo -extraditable desde Estados Unidos por otro caso de corrupción-, en el que fue primer ministro y titular de Economía.
La situación del empresario se agravó recientemente que tenía una empresa oculta en el exterior que utilizaba para ocultar los pagos por servicios de consultoría financiera ofrecidos mediante otra compañía a Odebrecht y referidos a obras contratadas por el Estado.
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