El experto Hugo Cabieses, exviceministro de Desarrollo de Recursos Naturales, habló sobre el tema, actualizado por los cuestionamientos al nuevo ministro del Interior, Luis Barrenzuelas, que, entre otros argumentos, lo acusan de impedir la eliminación de cocales ilegales, lo cual ha desmentido.
Cabieses no dudó en considerar que la política de erradicación ha sido, desde 2005 hasta la actualidad, un fracaso rotundo en el afán de privar a los narcotraficantes de la hoja, de la cual extraen clorhidrato de cocaína con procedimientos químicos.
Lo cierto, apuntó, es que Perú, tras ese lapso, se mantiene como uno de los principales centros de producción de coca-cocaína y delitos conexos y así lo prueban los resultados.
Precisó que, tras ese esfuerzo, se han mantenido o aumentaron los cultivos de coca con fines ilícitos o fueron trasladados a otros territorios, principalmente amazónicos, como los cercanos a las fronteras con Bolivia, Colombia, Brasil y Ecuador.
El parlamentario Guillermo Bermejo, exasesor de cultivadores de hoja de coca para uso natural y legal, como extraer su contenido sorbiendo su jugo en la boca con fines nutritivos, anotó a su vez que Perú tenía hace dos décadas 45 mil hectáreas de cocales y desde entonces erradica 20 mil hectáreas anuales, pero actualmente hay 90 mil.
Según el legislador, además, hace dos décadas la producción de cocaína era de 250 mil toneladas y se calcula que alcanza a 750 mil toneladas.
Cabieses añadió que entorno al cultivo ilícito y el narcotráfico al que provee, crecen otras actividades delictivas, como la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de tierras, el comercio ilegal de flora y fauna, el sicariato y el lavado de activos y dinero, entre otros.
Además, son desastrosos los efectos de ese impacto contra los recursos naturales, la economía y la cultura de los pueblos indígenas y no indígenas en las zonas de producción, lo cual ha repercutido en el nivel nacional.
Para el especialista, también han fracasado los esfuerzos, las políticas y las estrategias del ‘desarrollo alternativo’, que plantea persuadir a agricultores cocaleros, a dejar el rubro y dedicarse a cultivos lícitos como el cacao y el café.
Los nuevos productos están sujetos a las oscilaciones de precios y otros obstáculos y, sobre todo, los traficantes pagan mejores precios por la coca.
Cabieses señaló que la política de criminalización de la coca que acompaña a la de erradicación, ha sido una traba fundamental para el impulso del uso tradicional e industrial benéfico de la llamada hoja sagrada de los Andes.
Recordó que se intenta erradicar la planta desde la época de la conquista española, hace cinco siglos, pero ya en esa época los colonizadores admitieron la importancia cultural y benéfica de la coca.
Inicialmente, la cooperación externa financiaba la mayor parte del costo de la política de erradicación, pero ha ido reduciéndose hasta constituir solo 15 por ciento, según Bermejo; aunque esa política persiste,
‘Los magros resultados obtenidos, justifican la necesidad de revisar el instrumento básico utilizado, es decir la erradicación de cultivos, la criminalización de los que cultivan coca, la satanización de los que consumen tradicionalmente la hoja de coca y su industrialización benéfica y el llamado desarrollo alternativo’, afirmó Cabieses.
Insistió en que esa política ha sido en general un fracaso, con relación a otras de mejor calidad, basadas en evidencias y experiencias, realizadas con justicia y base científica y de las que existe suficiente experiencia nacional e internaciona1.
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