Mientras, la jueza federal Laura Taylor Swain convocó para el lunes una teleconferencia con el gobernador Pedro R. Pierluisi; el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago; su homólogo en la Cámara y los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Hernández Montañez adelantó que la jueza federal que atiende la quiebra de Puerto Rico se propone seguir adelante con el proceso sin legislación.
El presidente de la Cámara habló con los periodistas después de las 14:00 horas del viernes, al vencer un ultimátum de la JSF para que se aprobara el plan de ajuste de la deuda, que el Senado dejó pendiente hasta el próximo martes.
Alertó que el tema pasa ahora a la jueza Taylor Swain ‘sin intervención del gobierno de Puerto Rico’, por lo que puede tomar medidas de forma unilateral, sin intervención de la Legislatura puertorriqueña.
Debido al lenguaje que se introdujo al proyecto 1003 de la Cámara, los senadores de las distintas delegaciones, incluidos seis del Partido Popular Democrático (PPD), que tiene mayoría, se negaron a dar su aprobación.
El abogado Rolando Emmanuelli, experto en la ley Promesa, rechazó la posibilidad de negociar la deuda sin que se legisle una nueva emisión de bonos para reemplazar los que forman parte de la actual acreencia.
También rechazó, contrario a lo dicho por el presidente de la JSF, David Skeel, que se puede imponer una multa de 100 millones de dólares al gobierno isleño, pues todavía no hay un incumplimiento de acuerdo.
La JSF, impuesta por Washington mediante la legislación Promesa, insiste en que de no aprobar esta legislación Puerto Rico permanecerá atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad de atraer la inversión necesaria.
Sin embargo, el organismo se ha negado a revisar las deudas de 2012 y 2014 que se ha determinado surgieron violando la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
También la Junta Fiscal pretende imponer nuevos recortes a las pensiones, lo cual tiene movilizados a distintos sectores del país, que saldrán perjudicados a nivel de la insolvencia, como los docentes y los policías, entre otros.
Igualmente, los estudiantes de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR) mantienen una resistencia al estrangulamiento de la institución académica.
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