El bloque de integración desarrollará un encuentro académico sobre los efectos de las denominadas sanciones en la implementación del Acuerdo de París, como parte de la hoja de ruta rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista del 1 al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Reino Unido.
Durante la XIX Cumbre de jefe de Estado y de Gobierno, celebrada el 24 de junio en Caracas, el ALBA-TCP ratificó en un acuerdo especial el carácter imperativo del cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Al respecto, los países de la Alianza ponderaron los temas vinculados al cambio climático, la conservación de la diversidad biológica y la lucha contra la desertificación, contaminación, entre otros, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Afirmaron además que las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París aún resultan insuficientes para alcanzar la meta de estabilización de la temperatura, meta imprescindible para detener la recurrencia de eventos devastadores y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.
Ante este escenario, el ALBA-TCP enfatizó la necesidad de profundizar los esquemas de cooperación existentes entre las regiones, para conformar una alianza internacional frente al cambio climático y otros asuntos ambientales de importancia.
La Alianza consideró que la crisis ambiental es consecuencia de los patrones insostenibles de producción y de consumo de los países desarrollados y sobre todo de la falta de voluntad política para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones en ese ámbito.
Asimismo, alertó que América Latina y el Caribe, incluidos los países del ALBA-TCP, sufren los impactos crónicos y graduales del cambio climático, lo cual repercute en los avances en el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y la lucha contra la pobreza. En tal sentido, el bloque integracionista instó a promover la transición hacia patrones más sostenibles de consumo y producción, y denunció además el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en las capacidades de los Estados para responder a la crisis ambiental.
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