Vásquez y funcionarios a su mando junto a dirigentes cocaleros de las provincias de San Gabán y Sandia instalaron una mesa de conversación en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, y acordaron mantener estas pláticas con frecuencia.
Los labriegos se oponen a la erradicación de excedentes de cultivos de coca, en tanto la primera ministra señaló que esa labor es parte de una política del Estado, concebida años atrás para cortar el suministro de la hoja a los narcotraficantes.
Vásquez reconoció que hay que diferenciar los cocales que derivan su producción al narcotráfico, de los que abastecen al consumo natural y benéfico de la hoja de coca.
Expertos en la materia declararon que hace dos décadas, cuando los cocales cubrían 45 mil hectáreas, se erradicaron 20 mil hectáreas anuales, pero en ese lapso las plantaciones cubren hoy 90 mil hectáreas y la producción de cocaína aumentó de 25 mil a 750 mil toneladas, lo que evidencia su fracaso.
Esta semana Vásquez logró la solución de una huelga general de las comunidades campesinas de la provincia surandina de Cotabambas, las cuales reclaman recibir parte de los impuestos que la empresa minera MMG comenzará a pagar en los próximos meses.
También exigen una compensación por el uso de sus tierras para el tránsito de camiones de mineral de cobre, extraído por MMG de la mina Las Bambas, una de las más grandes del país.
Ambos problemas pasaron de la condición de activo a la de latente, según los criterios del Observatorio Especializado de la Defensoría del Pueblo, que este mes registró una acumulación de 198 de esos conflictos.
En la lista destacan el bloqueo, desde el domingo último, del camino de acceso a la mina Antamina, en la región norandina de Áncash, por comunidades campesinas que, como las de Cotabambas, exigen a la empresa del mismo nombre que les pague por el tránsito del mineral por sus tierras.
Desde el 4 de octubre las comunidades nativas amazónicas Awajún, Achuar, Kichwa, Kukama y Arabela ocupan una estación del Oleoducto Nor Peruano y tres lotes petroleros, en demanda de una compensación por el daño ambiental sufrido por sus territorios durante más de cuatro décadas de operaciones petroleras.
Sobre los éxitos para apaciguar y encarrillar hacia la negociación los conflictos de Cotabambas y de los cultivadores de coca, el diario La República anotó que ‘el secreto del éxito no está en apagar incendios, sino en evitarlos’.
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