El abogado Marcelo Valdez declaró a la prensa que la Sala Cuarta de lo Penal denegó la petición tras una audiencia de apelación a las medidas cautelares dictadas contra Áñez y los extitulares de Energía y Justicia Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, respectivamente.
En el encuentro se ratificó la resolución de la primera instancia, lo cual significa que los tres exaltos funcionarios “siguen en prisión preventiva”, aseguró el jurista en declaraciones a la radio capitalina Compañera.
Valdez subrayó que en la audiencia no fueron presentados nuevos elementos para deslegitimar “los riesgos procesales” formulados, los cuales siguen presentes como “el peligro de fuga y la obstaculización a la investigación”.
Apuntó que como parte de las indagaciones se pretende reconstruir la inspección ocular en la Universidad Católica Boliviana y triangulación de llamadas, por lo que existe el temor que los implicados puedan suprimir las pruebas.
En prisión preventiva desde el 13 de marzo pasado, Áñez y sus exministros fueron acusados por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo como parte de la causa abierta por el golpe cívico militar de noviembre de 2019, que sacó del poder por la fuerza al entonces presidente Evo Morales.
Este miércoles sectores académicos y del gremio de la comunicación en Bolivia condenaron las irregularidades del régimen golpista en un apenas un año, y demandaron mayor investigación y justicia.
Después de la denuncia de la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón, sobre mal manejo de fondos, expulsiones de trabajadores, amenazas a periodistas y sus familiares y cierre de medios del Estado, referentes del ramo manifestaron su rechazo.
“Hay que seguir investigando, porque en pocos meses hubo muchos excesos, mucho abuso de poder”, manifestó el director de la Carrera de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés, Edgar Pomar.
El académico subrayó que todo eso debe sancionarse e investigarse porque “no creo se acabe ahí”, indicó en declaraciones publicadas por la Agencia Boliviana de Información.
Los hechos “no pueden quedar en la impunidad”, afirmó Pomar, y apuntó que hubo despidos de gentes, cierre de medios, cambios de nombre al periódico y, en breve tiempo, fueron designados tres gerentes en la televisora estatal Bolivia TV.
Las acciones del régimen de facto coartaron la libertad de expresión y el derecho a la información, remarcó.
También lamentó lo ocurrido su homólogo en la Universidad Técnica de Oruro, Antonio Valdez, quien demandó que esos actos de corrupción “deben ser castigados”.
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